Este arranque de semana podría marcar un punto de inflexión en la vida pública del Estado de México. No necesariamente porque vayan a concluir investigaciones, sino porque la Fiscalía General de Justicia mexiquense enfrenta la oportunidad de demostrar que sus expedientes avanzan con el mismo rigor, sin importar el peso político de los nombres involucrados. La expectativa no es menor y el margen para seguir postergando definiciones prácticamente se agotó.

Sobre la mesa aparecen varios asuntos que, más allá de su dimensión jurídica, tienen profundas implicaciones políticas. El primero corresponde a la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles. El segundo, al presidente municipal de Metepec, Fernando Flores. Ambos casos han generado una intensa conversación pública y mantienen la atención sobre las decisiones que adopte la autoridad investigadora.

A ello se suma uno de los expedientes más delicados de los últimos meses: la presunta venta de plazas en la Secretaría de Educación. La verdad es que ese caso permanece prácticamente bajo reserva. La Fiscalía ha optado por el sigilo, aunque las filtraciones apuntan a la posible participación de, al menos, dos ex secretarios de Estado, Trinidad Franco y Gerardo Monroy, además de varios subsecretarios y funcionarios de menor nivel.

Pero la lista no termina ahí. También sigue pendiente la resolución relacionada con el señalamiento por presunto abuso sexual contra el secretario del Ayuntamiento de Toluca, Justo Núñez, que tiene expediente abierto en diversas instancias como en la CODHEM y el Mecanismo de Defensa de Periodistas.

Y es que el problema ya no consiste únicamente en esclarecer responsabilidades individuales. También está en juego la credibilidad institucional. Cada día sin una definición alimenta especulaciones, fortalece versiones encontradas y erosiona la confianza ciudadana en la procuración de justicia.

Todo ocurre, además, mientras comienzan los auto destapes disfrazados de recorridos, informes y reuniones de quienes aspiran a alcaldías y diputaciones rumbo a la elección del próximo año. Un mal momento para la Fiscalía, que le toca navegar entre tempestades políticas.

El calendario electoral todavía no inicia formalmente, pero la competencia política ya se siente en las calles y en los escritorios gubernamentales.

Con investigaciones sensibles, aspiraciones anticipadas y un ambiente de creciente polarización, los ingredientes para una tormenta perfecta están completos. Lo preocupante es que, hasta ahora, nadie parece dispuesto a desactivar esa combinación.

La Fiscalía tiene frente a sí una prueba decisiva: demostrar que la justicia puede caminar al mismo ritmo para todos o confirmar, una vez más, que los tiempos políticos siguen

imponiéndose sobre los judiciales. Porque, al final, cada resolución pendiente pesa más que cualquier discurso oficial. Si las decisiones llegan con sustento y oportunidad, habrá certidumbre. Si vuelven los silencios, crecerá la sospecha pública y también el desgaste.

La última trinchera

Es al secretario general de gobierno, Horacio Duarte, a quién se le está juntando la chamba con tantos fuegos por apagar.

Y es que aunque no se mencione su nombre directamente, se trata de la política interna del estado y ahí sí le toca arremangarse el saco.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex