Más de 16 mil hectáreas de bosque se pierden cada año en México a causa de la tala ilegal. Es una cifra brutal. Pero el verdadero problema no son solamente los árboles que desaparecen. Cuando un bosque se pierde también se reduce la capacidad de captar y conservar agua, se deterioran los ecosistemas y se compromete la calidad de vida de miles de familias. Por eso la tala clandestina nos afecta más de lo que pensamos.
Durante mucho tiempo esta actividad fue vista únicamente como un delito ambiental. Hoy sabemos que va más allá. Detrás de ella existen intereses económicos ilegales e incluso, decirlo con todas sus letras, son grupos criminales que hacen negocios destruyendo nuestros bosques. Por eso protegerlos ya no es solo una causa ambiental; también hablamos de seguridad y bienestar para nuestras comunidades.
Lo más preocupante es que existían una cantidad de lagunas legales brutales. Mientras la federación, los estados y los municipios se echaban la bolita sobre quién debía actuar, el daño seguía creciendo. Por eso era necesario fortalecer el marco legal y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de proteger nuestros recursos naturales.
Logramos una reforma importantísima para fortalecer la protección de las Áreas Naturales Protegidas. Ahora la SEMARNAT podrá solicitar el apoyo de la Guardia Nacional en tareas de inspección y vigilancia ambiental cuando sea necesario. Lo que hicimos fue cerrar un vacío que durante años limitó una respuesta más eficaz frente a estos delitos. En pocas palabras, hoy existe una mejor coordinación para actuar cuando nuestro patrimonio natural está en riesgo. Porque urge que la protección ambiental vaya acompañada de vigilancia, coordinación y cumplimiento de la ley.
La tala es uno de los problemas que más nos afecta como país y principalmente en el Estado de México. Por eso, además de respaldar esta reforma a nivel nacional, desde el Congreso local impulsamos y logramos sanciones más severas contra quienes atentan contra nuestros bosques, con penas que pueden alcanzar hasta 25 años de prisión. El mensaje es claro: no podemos permitir que unos cuantos comprometan el agua, el medio ambiente y el futuro de millones de mexiquenses.
Pero seamos directos: ninguna ley será suficiente sin la participación de la ciudadanía. Denunciar, cuidar nuestros espacios naturales y sumarnos a las jornadas de reforestación también es parte de la solución. La verdad es que defender estos espacios es defender el agua y el medio ambiente de los que dependen nuestras familias. Hay que pensar en las próximas generaciones y actuar desde hoy.
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