La crisis por el examen de admisión de la UNAM no comenzó con el fraude detectado, realmente se trata de una decisión que no hay nada que pueda justificar y es la de aplicar por primera vez un examen de esta relevancia a distancia. ¿En qué pensaban en la UNAM? Es un proceso del que depende el futuro de miles de estudiantes y la universidad apostó por un asunto tecnológico que terminó por exhibir fallas graves. ¿Quién iba a vigilar? El resultado ha sido el peor escenario que nos hayamos podido imaginar cuando las y los aspirantes honestos, que de ninguna manera dudo que los haya habido, paguen hoy las consecuencias de un error tan garrafal, del que ellos no son culpables.
La cronología de este hecho tan lamentable no deja dudas. Entre mayo y junio se aplicó el examen en línea; el 17 de julio se publicaron los resultados y, poco después, comenzaron a detectarse anomalías estadísticas que encendieron las alarmas. El porcentaje de aspirantes con más de 100 aciertos pasó de un histórico 3.5 por ciento a 16.3 por ciento, mientras que quienes superaron los 110 aciertos se multiplicaron por seis. La UNAM concluyó que existían indicios de un gran fraude y decidió repetir el examen para decenas de miles de aspirantes, ahora en modalidad presencial, entre el 12 y el 19 de agosto.
Las consecuencias llegaron. La universidad tuvo que modificar su calendario del inicio del semestre para miles de estudiantes y enfrentar una oleada de inconformidades, hasta una lluvia de amparos. En medio del escándalo "renunció" Patricia Dávila, secretaria general de la UNAM, la primera baja derivada de la crisis en que sumieron a la institución. Pero ¿de verdad basta con la salida sólo de la funcionaria universitaria cuando quedaron exhibidos errores de planeación, supervisión y toma de decisiones?
El rector Leonardo Lomelí tendrá que dar muchas explicaciones sobre el caso, pero no a través de discursos sosos ni boletines, sino dar respuestas muy precisas una vez que concluya el nuevo examen que habrá será totalmente presencial. Porque no se trata de un "pequeño error". Se trata de una decisión institucional que puso en duda la credibilidad del proceso de admisión de la máxima casa de estudios del país. Obligó a repetir la evaluación de miles de aspirantes. Además, generó costos millonarios por la contratación de una empresa especializada y dejó a miles, por semanas, semanas en la incertidumbre.
Lo más grave es que ninguna ni ninguno de los jóvenes tiene responsabilidad en este gran desastre. Quienes estudiaron durante meses, presentaron el examen respetando las reglas y que esperaban una respuesta definitiva, hoy deben volver a demostrar sus conocimientos por una falla institucional. No sería extraño que, cuando esto pase, aparezcan demandas de quienes realizaron el primer examen de buena fe y finalmente queden fuera de la universidad. El conflicto jurídico apenas estaría comenzando.
Hay quienes incluso consideran que el rector debería renunciar. Tal vez esa discusión llegará a su tiempo, pero es evidente que la responsabilidad política no desaparece con la salida de la secretariaría general de la UNAM. La cabeza de una institución debe responder por las decisiones estratégicas de esta magnitud, no sólo cuando salen bien y sirven para lucimiento personal, sino que terminan en un fracaso descomunal.
La UNAM es una de las instituciones más respetadas del país y con gran posicionamiento a nivel internacional, precisamente porque durante décadas construyó prestigio sobre la seriedad de sus procesos, la calidad de la enseñanza y de la investigación. Hoy la confianza quedó afectada. El examen presencial corregirá parte del problema, pero no borrará el daño causado a la institución. Ya no sólo se trata del ingreso de una generación de estudiantes, se trata de la credibilidad de una universidad que ahora está obligada a demostrar que resolverá y aprenderá de una de las decisiones más costosas de su historia reciente. Y ya lo dijimos, no hablamos sólo de dinero.
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