El 1 de octubre se cumplieron 13 años de que el Nevado de Toluca dejó de ser Parque Nacional y se convirtió en Área de Protección de Flora y Fauna, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.
La nueva denominación pretendía armonizar las condiciones sociales y económicas de las comunidades con los objetivos de conservación en una superficie de 53 mil 590 hectáreas. Ya desde entonces, la presencia de asentamientos locales, actividades productivas y presiones sobre los recursos naturales demandaban un modelo de gestión distinto.
Lo anterior no implicaba permitir actividades sin restricciones en el volcán extinto sin restricciones. Por el contrario, establecía zonas con diferentes modalidades de protección y aprovechamiento, sujetas a regulación.
Sin embargo, la modificación generó descontento entre grupos ecologistas y organizaciones civiles, que cuestionaron la reclasificación y advertían que podía favorecer la explotación comercial y turística de la zona, por considerarla contraria a la protección ambiental.
Y ya ni hablar de los proyectos que se plantearon en 1996 y 2003 para convertir al Xinantécatl en un centro de esquí. Ambos incluían el desarrollo de infraestructura turística en sus inmediaciones. Tales antecedentes muestran que la tensión entre el aprovechamiento económico y la protección ambiental no es nueva.
La búsqueda de un equilibrio entre ambos propósitos ha colocado al Nevado de Toluca, a lo largo del tiempo, en un escenario complejo, marcado por los intereses económicos, la afluencia turística y, ahora, los efectos del cambio climático. Su viabilidad depende de definir con claridad qué actividades son compatibles con el cuidado del ecosistema y cuáles rebasan sus límites.
Lo cierto es que, 13 años después, existen suficientes razones para cuestionar si la recategorización produjo los resultados de conservación que se esperaban. Por un lado, persisten los impactos del turismo y prácticas como el ingreso de vehículos a áreas restringidas; por el otro, continúan la tala clandestina y la pérdida de cobertura forestal, la cual ya habría superado el 30 por ciento, de acuerdo con declaraciones de la secretaria estatal de Medio Ambiente, Alhely Rubio Arronis, quien atribuyó la estimación a científicos.
La pregunta obligada es cuánto hemos avanzado para hacer compatible la conservación del emblemático volcán con las actividades que se desarrollan en su territorio. Más aún, ¿la recategorización logró un cambio efectivo o permitió que los problemas persistieran e incluso empeoraran?
Mientras tanto, el volcán que nos ha otorgado identidad y orgullo permanece impasible ante el turismo masivo que ha soportado; la operación de grupos que se identifican como “comuneros” y ofrecen un servicio de transporte cuyas condiciones de operación y seguridad quedaron en entredicho tras el accidente ocurrido en agosto de 2025, así como la creciente tala clandestina. Las decisiones administrativas siguen definiendo el futuro de un territorio cuyo cuidado no puede quedar supeditado únicamente a los tiempos de la gestión pública.
Brújula. El Gobierno de Puebla inició la primera etapa del Ecoparque La Malintzi, con una inversión de 98.9 millones de pesos y una intervención de 38 mil 281 metros cuadrados dentro de un predio de 62.97 hectáreas. El proyecto contempla senderos, áreas de campamento, cosecha de agua, vigilancia forestal y participación de comunidades cercanas.
La intervención se presenta como un modelo que busca combinar protección ambiental, turismo de naturaleza y desarrollo comunitario. Ahora habrá que observar si esa fórmula consigue traducirse en beneficios para las comunidades sin agravar el deterioro del ecosistema.
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