La tala ilegal de bosques se ha convertido, al paso de los años, en una actividad parecida a una industria, controlada ahora por el crimen organizado, lo que ha transformado la dinámica del delito. Ocasiona mayores daños a los bosques y hace que la lucha oficial para combatir a los delincuentes sea más complicada.

Lo que vimos la tarde del lunes en San Pedro Atlapulco, municipio de Ocoyoacac, cuando vecinos de la localidad interceptaron y prendieron fuego a tres camionetas y bloquearon al mismo tiempo la carretera México-Toluca, es reflejo del hartazgo de la población, por lo que consideran inacción de los tres niveles de gobierno.

El problema ha crecido de tal manera que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene identificados focos rojos en 39 municipios, donde los grupos delincuenciales reclutan a pobladores locales con pagos de hasta siete mil pesos semanales para participar en la extracción de madera.

Municipios más afectados

Entre los municipios más afectados se encuentran Amecameca, Ocuilan, Xalatlaco, Jilotzingo, Zinacantepec, Ocoyoacac, Timilpan, Valle de Bravo, Amanalco y Temascaltepec. Lo más grave es la persistente denuncia de ejidatarios, comuneros y vecinos de estas demarcaciones sobre la posible complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno con estos grupos.

Además, como en otras actividades ilegales, su estructura incluye el uso de "halcones" (vigilantes) para evadir a las autoridades y no dudan en atacar a inspectores y brigadistas con armas e incendiar vehículos oficiales, como ha quedado registrado.

Según la organización Global Forest Watch, en 2024 se perdieron más de 127 mil hectáreas de bosque en el Estado de México, el peor año desde que se iniciaron las mediciones en 2002. Para darnos una idea del tamaño del daño, en 2022 la pérdida fue de 1310 hectáreas. La actividad ilegal de los rapamontes se ubicó como la primera causa de pérdida boscosa, superando a plagas e incendios.

Daños colaterales

Además, existe un daño colateral de la mano de la tala indiscriminada, y es la disminución en las recargas de los mantos freáticos y la ambición por aumentar los desarrollos inmobiliarios. Un ejemplo de esta situación la tenemos en los límites entre los municipios de Atizapán de Zaragoza y Jilotzingo, donde la deforestación en el ejido de Espíritu Santo pone en riesgo la cuenca de la Presa Madín.

Efectivamente, organizaciones como "Defensa de los Bosques Atizapenses" han denunciado que, junto al derribo de árboles, se están abriendo caminos y removiendo tierra, lo que parece indicar el inicio de la construcción de fraccionamientos irregulares. No hay que olvidar que en esta zona fue cancelado el permiso que habían conseguido los hermanos Francisco y Eduardo Funtanet Mange para construir en esa zona el desarrollo denominado "Bosque Diamante" en un bosque de encino de 186 mil 504 árboles, que contemplaba la construcción de 20 mil casas.

Respuesta oficial

El Estado de México es el único del país que mantiene una "mesa de trabajo ambiental" contra la tala en la que participan representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia mexiquense y la Secretaría de Seguridad estatal, además de la Semarnat y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Como parte de las estrategias en contra de los talamontes, se han realizado 70 operativos entre 2025 y lo que va del presente año, sin embargo, no hay personal suficiente para mantener operativos permanentes en todas las zonas afectadas, por lo que siempre hay áreas susceptibles de ser afectadas por los delincuentes.

No obstante, los hechos de San Pedro Atlapulco deben prender los focos de alarma no solo en el gobierno mexicano, sino sobre todo en el federal y en los municipios involucrados para evitar que se repita la aplicación de la justicia por mano propia.

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