Hace unos días, mi mamá y mi tía vivieron una experiencia que refleja una realidad cada vez más frecuente en nuestras ciudades; permanecieron siete horas atrapadas en la carretera México-Toluca, desde las once de la mañana hasta las seis de la tarde, debido a una manifestación que paralizó la circulación.

Siete horas que nadie les devolverá, siete horas de incertidumbre, cansancio y desesperación, sin la posibilidad de decidir si continuar, regresar o simplemente encontrar algo para comer o algo más esencial como lo es un baño.

Esa experiencia me ha llevado a reflexionar sobre un asunto que va mucho más allá del tránsito vehicular: ¿qué sucede cuando el derecho de una persona termina afectando los derechos de otros ciudadanos?

México es un país donde la libertad de expresión y el derecho a la manifestación constituyen conquistas democráticas fundamentales: las madres buscadoras, los trabajadores, los estudiantes, los transportistas y cualquier persona que considere necesario levantar la voz merecen ser escuchados, porque detrás de muchas protestas existen historias de dolor, necesidades insatisfechas, demandas legítimas y un hartazgo social que no se debería de ignorar.

Y quiero detenerme especialmente en las madres buscadoras, pues como mujer y como madre, no puedo siquiera imaginar la angustia de desconocer el paradero de un hijo y segura estoy que, si yo estuviese en una situación similar, claro que levantaría la voz, fuerte y quedito y por también saldría a las calles y haría todo lo necesario hasta encontrar a ese ser amada; porque cuando se trata de nuestros hijos, de nuestros padres o de alguien a quien amamos, no existen esfuerzos suficientes.

Por eso comprendo profundamente su dolor y respeto su lucha. No podría pedirles resignación ni silencio cuando lo que buscan es encontrar a quienes aman.

Sin embargo, esa misma sensibilidad que nos ayuda a entender su desesperación debe llevarnos a pensar en quienes, sin participar en una manifestación, pueden encontrarse en una situación igual de vulnerable, es decir, una persona enferma que necesita llegar al hospital, una ambulancia que enfrenta una emergencia, una mujer embarazada o un adulto mayor que requiere atención.

Y no se trata de comparar sufrimientos y mucho menos de decidir injustamente qué derecho vale más; se trata de encontrar formas de ejercer esos derechos sin poner en riesgo la vida, la salud o la dignidad de los demás.

La situación adquiere dimensiones todavía más preocupantes en el Estado de México y la Ciudad de México, donde miles de familias destinan diariamente varias horas a trasladarse entre sus hogares, centros de trabajo, escuelas y hospitales; la saturación vehicular por sí misma representa ya un desgaste considerable y cuando se suman bloqueos prolongados, el tiempo de traslado se convierte simplemente en la parálisis de la vida de una persona.

Por ello, no podemos ignorar las necesidades más elementales de quienes permanecen inmovilizados durante horas: el acceso a un sanitario, al agua, a los alimentos o a los medicamentos no debería convertirse en una preocupación adicional por encontrarse en medio de una vialidad bloqueada.

Es decir, las manifestaciones son, en muchas ocasiones, consecuencia de problemas que requieren atención oportuna, pero no es normal paralizar una carretera o vialidad durante horas, como si esa fuese la única manera de conseguir una respuesta o una solución a los problemas de raíz. Por ello, se requieren mecanismos de diálogo que funcionen antes de llegar al bloqueo, autoridades que escuchen y atiendan con oportunidad, pero, sobre todo, necesitamos ciudadanos dispuestos a reconocer que sus derechos conviven con los de los demás.

En ese sentido, es necesario construir acuerdos para que las manifestaciones puedan desarrollarse sin comprometer la atención de emergencias, el acceso a servicios de salud o las necesidades básicas de quienes quedan atrapados en una vialidad.

Y aquí también tenemos una responsabilidad como sociedad ya que no todas las protestas tienen el mismo origen ni responden a las mismas circunstancias. Existen demandas profundamente dolorosas y urgentes, y también distintas formas de ejercer presión sobre las instituciones; por lo que cada situación merece ser atendida con sensibilidad, responsabilidad y disposición al diálogo.

La solución no puede recaer únicamente en quienes se manifiestan; también las instituciones deben generar condiciones para que las demandas sean escuchadas oportunamente y para que las personas afectadas puedan continuar sus traslados, especialmente ante una emergencia.

No se trata de elegir entre manifestantes y automovilistas; se trata de comprender que la democracia requiere algo más que exigir nuestros propios derechos: exige reconocer los derechos de quienes piensan, viven y necesitan cosas distintas.

No necesitamos menos voces que exijan justicia; necesitamos más caminos para que esa justicia sea escuchada sin poner en riesgo otros derechos.

Porque una sociedad verdaderamente democrática no es aquella donde unos pueden expresarse a costa de otros, sino aquella donde todos encontramos condiciones para ejercer nuestros derechos con dignidad.

El derecho a levantar la voz es fundamental.

El derecho a llegar a nuestro destino también.

Pero aprender a respetar ambos es una responsabilidad que nos corresponde a todas y todos los ciudadanos.

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