Toluca, Méx.- Las comisiones legislativas Para la Igualdad de Género Procuración y Administración de Justicia iniciaron el análisis de la iniciativa para crear la Ley "Mariana Lima Buendía" a efecto de tipificar la negación de justicia y sancionar a los corruptos que incurran en omisiones, errores, negligencias o que obstruyan la investigación y la justicia.

La creadora de la iniciativa es Irinea Buendía, mamá de Mariana Lima quien fue víctima de feminicidio en junio de 2010 en Chimalhuacán, quien con respaldo de la diputada Jennifer González López (Morena) buscan materializar reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal estatal.

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Lo que se busca es la incorporación de tres innovaciones; una para que la Fiscalía General de Justicia del Estado tenga la obligación expresa de investigar todas las muertes de mujeres con perspectiva de género y debida diligencia, considerando todas las defunciones etiquetadas inicialmente como muertes agresivas, suicidios o accidentes; para crear el delito de la negación de justicia por y que pueda sancionarse con prisión, multas o inhabilitación del servidor público; y para garantizar la reparación del daño y la no repetición.

La iniciativa propone imponer de cuatro a 10 años de prisión y de 100 a 150 días multa y la destitución e inhabilitación al servidor público de la FGJEM o del sistema de procuración de justicia que incurra en la negación de justicia por razones de género.

"Con esta propuesta se busca el no permitir un feminicidio más ocultado con la etiqueta de una muerte autoinfligida, no podemos seguir siendo omisos ante funcionarios que cometen o corrupción. La reforma no sólo es punitiva busca también la reparación y la no repetición", señaló Jennifer González.

La diputada panista Emma Álvarez Villavicencio comentó que la realidad del Estado no admite simulaciones al ser una de las que concentra el mayor número de feminicidios, "el problema no solo es la violencia, sino la falta del estado cunado no investiga, minimiza o llega tarde".

Por su parte, Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) recordó que la propuesta atiende algunos parámetros de la sentencia histórica emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo de 2015, donde establece que toda muerte violenta de debe ser investigada con perspectiva de género.

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