La búsqueda de la eficiencia presupuestal y la modernización institucional suele ser una bandera deseable en la gestión pública. Sin embargo, cuando la innovación se instrumenta a expensas de la certeza en los procesos de selección académica, el margen de error deja de ser un costo operativo para convertirse en una crisis de confianza.

La reciente aplicación del primer examen de admisión a nivel licenciatura en modalidad 100% en línea por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) constituye un caso paradigmático de cómo las intenciones de vanguardia tecnológica pueden derivar en un turbulento laboratorio de ensayo y error.

Al sustituir el examen presencial que movilizaba a más de 3,700 aplicadores en sedes físicas, la UNAM buscaba consolidarse como una institución pionera en la democratización del acceso a la educación superior mediante el uso de inteligencia artificial. El argumento económico y logístico era claro: reducir costos millonarios en traslados, viáticos e impresiones para brindar a más de 158 mil aspirantes la oportunidad de evaluarse desde sus hogares.

El soporte normativo para esta modalidad se sustentó en los reglamentos generales de inscripciones y evaluación de la institución, donde se faculta a la universidad para determinar los mecanismos de ingreso y las medidas de control para garantizar la equidad académica. En los términos contractuales y en la propia convocatoria, la UNAM estableció reglas estrictas: monitoreo constante de cámara y micrófono por inteligencia artificial, prohibición de dispositivos secundarios, inhabilitación de funciones de copiado en el sistema y sanciones severas ante cualquier intento de suplantación o asistencia externa.

Lo que en papel representaba un salto cualitativo al futuro pronto enfrentó la cruda realidad de la brecha digital y la vulnerabilidad de las plataformas tecnológicas. El proceso estuvo plagado de problemáticas operativas que encendieron los focos rojos desde dos frentes opuestos:

1. Injusticias contra los aspirantes: Miles de postulantes denunciaron anulaciones y bloqueos presuntamente arbitrarios dictados por los algoritmos de la inteligencia artificial. Ruido ambiental impredecible, parpadeos por bajas de tensión eléctrica, interrupciones en la conexión de internet o incluso el reflejo en anteojos fueron interpretados por los sistemas de vigilancia como intentos de trampa, penalizando la condición socioeconómica o técnica de los estudiantes más que sus capacidades intelectuales.

2. Dudas sobre la integridad del examen: En el extremo opuesto, especialistas e investigadores comenzaron a documentar anomalías estadísticas desconcertantes en los resultados. El porcentaje de aspirantes que obtuvieron más de 100 aciertos creció exponencialmente, pasando del 9% registrado en 2025 a casi el 30% en 2026, provocando un incremento desmesurado en los puntajes de corte de carreras de alta demanda como Medicina o Actuaría.

El descontento social no tardó en trasladarse a la esfera mediática y a las plataformas digitales. La controversia escaló hasta situar a la Máxima Casa de Estudios en una encrucijada ética: ¿el sistema garantizó un entorno equitativo o vulneró los derechos de miles de aspirantes mientras abría resquicios para la trampa sofisticada?

Ante la presión pública, las autoridades universitarias han fijado una postura cautelosa pero tajante. La UNAM aclaró que la inteligencia artificial no toma determinaciones de forma autónoma, sino que actúa como un primer filtro revisado minuciosamente por personal humano especializado.

Para resguardar el prestigio institucional y resarcir los posibles daños al proceso, la universidad ha emprendido acciones concretas: 1) la UNAM presentó formalmente una denuncia ante las autoridades competentes para investigar presuntos actos de fraude y comercio ilegal de reactivos; 2) se analiza la aplicación de una sanción económica de hasta cuatro millones de pesos (equivalente al 10% del contrato de más de 41 millones) a la empresa adjudicada (Territorium Life) si se comprueban fallas en los sistemas de vigilancia, brechas de seguridad o filtraciones de información y 3) la institución realizó ajustes en su matrícula de ingreso, absorbiendo un margen de más de 2,500 aspirantes adicionales respecto a la oferta original.

A pesar del descontento y los señalamientos por puntajes atípicos, las autoridades universitarias no contemplan anular la prueba en su totalidad. Cancelar un proceso que involucró a más de 158 mil personas generaría una parálisis administrativa e institucional sin precedentes a pocas semanas del inicio del ciclo escolar.

El aprendizaje que deja esta primera experiencia es agreste. La tecnología debe ser un vehículo para facilitar el acceso y garantizar la imparcialidad, jamás un factor de exclusión o una puerta de entrada para la trampa inadvertida. La UNAM tiene ante sí la obligación no solo de deslindar responsabilidades legales y contractuales por las fallas del modelo de admisión 2026, sino de reflexionar profundamente sobre si el entorno virtual cuenta realmente con las garantías metodológicas necesarias para sustituir la certeza inamovible de un examen presencial. De lo contrario, el costo reputacional será infinitamente mayor que cualquier ahorro logístico.

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