Juchitepec, Méx.- La noche de este jueves dos sujetos arrojaron bombas molotov a una unidad de transporte público de la ruta 75 que cubre el trayecto Cuijingo-Chalco, sin que se reporten personas lesionadas.
Según el reporte policial, los hechos ocurrieron sobre la avenida Gustavo Baz, en la delegación de Cuijingo, en el municipio de Juchitepec, ubicado en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.
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A ese lugar llegaron dos hombres, quienes abordaron la camioneta en la base. Metros adelante, otros dos le hicieron la parada. A unos 800 metros del punto de origen, obligaron al conductor a detenerse y descender antes de prender fuego al interior con los artefactos que le lanzaron.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Juchitepec, con apoyo de Tenango del Aire y policías municipales, controlaron las llamas y cerraron la circulación en ambos sentidos.
La unidad quedó a disposición del Ministerio Público de Chalco.
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Las autoridades investigan el móvil como un posible ataque vinculado al cobro de cuotas o “derecho de piso”.
Este tipo de agresiones contra unidades del transporte público han sucedido en la zona oriente del Estado de México, donde grupos delictivos, presuntamente vinculados con organizaciones del crimen organizado y células que operan bajo fachada de sindicatos o imponen pagos semanales o mensuales a concesionarios y operadores.
Dirigentes de rutas en municipios como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Chalco e Ixtapaluca han denunciado que les exigen dinero, entre 500 y mil pesos semanales por unidad, hasta pagos de “entrada” de hasta 800 mil pesos por ruta y cuotas mensuales elevadas.
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Quienes se resisten enfrentan quemas de vehículos, agresiones a choferes o amenazas a sus familias. Algunos operadores y dirigentes de líneas de transporte han sido asesinados.
En años recientes se documentaron múltiples incendios de unidades en la región como represalia.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha identificado a varias agrupaciones dedicadas a la extorsión, algunas de ellas que operan como supuestos sindicatos que afectan principalmente al transporte público, construcción y comercio en la zona oriente.
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Las autoridades han realizado operativos en los que han capturado a varios integrantes de esas organizaciones dedicadas a la extorsión, pero los concesionarios acusan que esa práctica ilegal continúa.
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