El poder de las empresas tecnológicas ha crecido de forma sostenida y profunda. No se trata únicamente de la influencia que Facebook ejerció en las elecciones estadounidenses —recordemos el caso de Cambridge Analytica— o en el referéndum del Brexit en el Reino Unido. Tampoco es solo la especulación sobre la injerencia de hackers rusos en numerosos procesos electorales del mundo. Hoy, X, Instagram, TikTok y YouTube moldean percepciones, aceleran y destruyen carreras políticas.
En ese contexto, el 18 de abril pasado, Alex Karp, CEO de Palantir, publicó en sus redes un manifiesto político de 22 puntos: un compendio explícito de sus ideas sobre tecnología, democracia y poder. Palantir no es una empresa conocida por el gran público, pero con gran poder ya que opera exclusivamente con gobiernos, utilizando tecnologías de última generación, entre ellas inteligencia artificial, para tareas de análisis, vigilancia y toma de decisiones. Sus escándalos recientes ilustran el alcance de su influencia: colaboró con la agencia de migración estadounidense (ICE) para rastrear y localizar familias usando perfiles de internet y datos personales; en Alemania proporcionó software a la policía que generó serias dudas sobre el riesgo a las libertades civiles; en España se le ha acusado de espionaje, robo de secretos y opacidad. En Londres, su sistema fue utilizado para vigilar a policías en la detección de corrupción y abuso de autoridad, con métodos altamente intrusivos.
Al manifiesto se le ha etiquetado como un ejemplo de tecnofascismo: la fusión entre el poder corporativo tecnológico, el nacionalismo y el militarismo digital. Analizaré en esta y en la siguiente colaboración los puntos que considero más representativos de esa ideología.
El primer punto señala: "Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso. La élite de la ingeniería de Silicon Valley tiene la obligación positiva de participar en la defensa de la nación."
Este "patriotismo moral" evoca el peligroso argumento de "América para los americanos" —y más atrás aún, las ideologías de exclusión que marcaron el siglo XX. Pero lo más peligro es el componente militarista: la "defensa de la nación" como obligación de las empresas tecnológicas implica, el desarrollo de software para usos bélicos y de control estatal.
El cuarto punto profundiza esa lógica: "Los límites del poder blando, de la retórica grandilocuente por sí sola, han quedado al descubierto. La capacidad de las sociedades libres y democráticas para prevalecer requiere algo más que un atractivo moral. Requiere poder duro, y el poder duro en este siglo se construirá sobre el software."
Este argumento es falso en sus fundamentos. Vincula la salud de la democracia con la capacidad militar tecnológica, como si fueran inseparables. Sin embargo, democracias consolidadas como Suecia, Canadá o Nueva Zelanda han prosperado sin un militarismo permanente ni una industria de defensa. Los teóricos Seymour Martin Lipset (1959) y Daron Acemoglu con James Robinson (2012) han demostrado con evidencia empírica que la democracia se correlaciona con prosperidad económica e instituciones inclusivas, no con poderío militar. Reducir la fortaleza democrática a "poder duro en software" es la justificación ideológica de su negocio.
El manifiesto de Karp no es la opinión excéntrica de un millonario con redes sociales. Es la hoja de ruta de una empresa que ya trabaja con los gobiernos más poderosos del mundo. Ignorarlo sería el primer error. La próxima semana: los puntos que lo confirman.
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