Está por vencer el plazo para vincular los datos personales (CURP y biométricos) con la línea telefónica. Según los datos a los que tuve acceso, solo lo han hecho 49.5 millones de líneas de los 161 millones habilitados. ¿Qué está pasando? ¿Debemos registrar nuestros datos o dejar pasar esta iniciativa? Me permito darle algunos argumentos para que usted decida.
Según el discurso oficial, esta medida busca combatir la extorsión y el fraude; sin embargo, la experiencia internacional dice otra cosa. Los países que exigen biometría para comprar o activar SIMs forman un grupo relativamente pequeño: China, Arabia Saudita, Afganistán, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos y Tayikistán. Naciones poco o nada democráticas. Los padrones obligatorios pueden ser técnicamente operables, pero la evidencia internacional demuestra que no reducen la extorsión ni el fraude de forma significativa.
De hecho, de acuerdo con la revista Expansión, los peores resultados suelen aparecer cuando el registro se lanza rápido, sin infraestructura robusta ni protección de datos suficiente. En cambio, las iniciativas menos problemáticas no dependen solo del padrón, sino de verificación proporcional, controles de acceso, auditoría y límites claros al uso de datos, como ocurre en Chile y Costa Rica. El mayor problema que enfrentamos en México es que no existen esos "límites claros al uso de los datos".
Tenemos experiencias que deberían obligarnos a la cautela. El RENAUT, cancelado en 2012 y cuestionado por fallas de seguridad, no redujo ni la extorsión ni el secuestro. El historial reciente es evidente. Hace unos días, el periodista Ignacio Gómez Villaseñor afirmó que se había hackeado la Secretaría del Bienestar, comprometiendo el padrón de pensión para adultos mayores. Aunque la dependencia rechazó la información, se estima que al menos 1 GB de datos fue vulnerado. En 2025 se atacó la red interna del INE y el registro civil federal, filtrando millones de actas de nacimiento y defunción.
En 2024 fueron robados los datos de 830,000 funcionarios públicos del portal de empleo del gobierno federal y, en enero, los datos de más de 300 periodistas fueron extraídos de la oficina de comunicación de presidencia. No olvidemos el Guacamaya Leaks de 2022, que filtró 6 terabytes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y así podría seguir ilustrando el porqué no existe confianza ciudadana para compartir datos personales con el Estado.
El problema de fondo es que no existe un sistema de pesos y contrapesos que castigue el mal uso de los datos. De todos los casos citados, ninguno ha derivado en una condena. Si existieran las condiciones legales y, sobre todo, el estado de derecho necesario para sancionar estos delitos, los 160 millones de líneas ya estarían registradas. Esta resistencia ciudadana revela algo más grave aún: la iniciativa pretende resolver un problema que el propio Estado generó. Las líneas telefónicas deben estar protegidas por defecto, desde el origen, no a través de un padrón reactivo que transfiere al ciudadano la carga de una falla estructural del gobierno.
El problema de fondo no es técnico sino político. Hasta que ese vacío no se cierre con legislación efectiva y voluntad política, registrar la línea telefónica no es un acto de seguridad ciudadana, sino de fe ciega en instituciones. ¿Usted ya registró su línea telefónica?
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