La educación superior gratuita no es una concesión gubernamental ni una aspiración retórica: es un derecho establecido en el artículo tercero de nuestra Constitución. Su cumplimiento exige una política nacional que garantice que ningún joven quede fuera de la universidad por razones económicas. La Cuarta Transformación debe avanzar en la materialización de este derecho mediante un nuevo acuerdo entre la Federación, los gobiernos estatales y las universidades públicas.
Propongo que el Gobierno de México establezca un Programa Nacional para la Gratuidad de la Educación Superior, sustentado en un incremento progresivo de los subsidios federales a las universidades públicas estatales, condicionado al cumplimiento de cinco compromisos fundamentales.
Primero. Corresponsabilidad financiera. Los gobiernos estatales deberán incrementar al menos un 20 por ciento sus aportaciones ordinarias a las universidades públicas, como condición para acceder a los recursos federales adicionales destinados a la gratuidad.
Segundo. Austeridad universitaria. Cada institución deberá presentar un programa integral de racionalización del gasto que privilegie la docencia, la investigación y la atención a los estudiantes por encima de los privilegios salariales y administrativos de las altas burocracias universitarias. La autonomía no puede convertirse en justificación de desigualdades salariales injustificadas ni de estructuras administrativas excesivamente costosas.
Tercero. Ampliación de la matrícula. Los recursos adicionales deberán traducirse en un crecimiento verificable de los espacios educativos, tanto en bachillerato como en licenciatura, particularmente en las regiones con mayores rezagos y menores oportunidades de acceso.
Cuarto. Fortalecimiento de los ingresos propios. Las universidades deberán ampliar sus convenios de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios con los sectores productivos público, privado y social, sin comprometer su autonomía académica ni trasladar nuevos costos a los estudiantes.
Quinto. Gratuidad progresiva. Cada universidad deberá presentar un calendario público, verificable y financieramente sustentado para eliminar las cuotas de inscripción, reinscripción y demás cobros escolares obligatorios, hasta alcanzar la gratuidad plena.
Este programa deberá respetar irrestrictamente la autonomía universitaria, pero también establecer mecanismos transparentes de evaluación y rendición de cuentas sobre el destino de los recursos públicos.
No puede haber verdadera transformación educativa mientras las universidades públicas dependan económicamente de las cuotas estudiantiles y mantengan profundas desigualdades entre las remuneraciones de sus profesores y las de sus altas burocracias.
La gratuidad debe acompañarse de mejores salarios docentes, mayor investigación, ampliación de la matrícula y una administración austera y eficiente.
La educación superior es un derecho del pueblo, no una mercancía. Garantizar su gratuidad es una responsabilidad constitucional y una condición indispensable para construir una sociedad más justa, democrática e igualitaria.
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