A nivel nacional y en el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez están impulsado acciones relevantes en materia de transparencia.

Por un lado, la presidenta Sheinbaum firmó un decreto para modificar la Ley General de Transparencia, con el propósito de impulsar la máxima publicidad en cuatro áreas estratégicas, pero con un impacto en todas las entidades del Gobierno de México: contrataciones públicas, filiales de Pemex y CFE, así como fiscalización y auditorías.

Además, con este decreto se busca sumar a estados, municipios y otros poderes para reforzar la transparencia de sus actos, lo que implica no solamente cumplir sus obligaciones legales en esta materia, sino publicar de manera proactiva información que resulte de interés público.

Por el otro lado, el Congreso del Estado de México inició el análisis de la iniciativa enviada por la Gobernadora Delfina Gómez por la que se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.

Estas acciones se enmarcan en la reforma constitucional de 2024 en materia de transparencia y acceso a la información pública en México, la cual, entre otros efectos, reasignó las facultades hasta entonces a cargo del INAI, a órganos de control interno de cada poder de la Unión y de órganos autónomos.

A partir de ahí, el 20 de marzo de 2025 se publicó la nueva legislación aplicable en el ámbito nacional y, en el caso del Estado de México, el 4 de noviembre de 2025, se publicó el decreto por el que la legislatura mexiquense aprobó la reforma a la Constitución estatal por la cual se establece la extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (INFOEM) hasta la entrada en vigor de la Legislación secundaria.

En este contexto, los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México han dado avances importantes para concretar esta reforma. La iniciativa presentada por la Gobernadora establece la creación un organismo público desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, denominado Transparencia Mexiquense, que tendrá autonomía técnica, financiera y de gestión.

En la iniciativa se lee que, a través de este organismo, cualquier ciudadano podrá pedir información al gobierno de manera sencilla, gratuita y sin explicar para qué la quiere, además de que se amplían los casos en los que la ciudadanía podrá inconformarse si la autoridad no responde adecuadamente, por brindar información incompleta, inexistente, incorrecta, o por falta de respuesta, tiempos excesivos de espera, formatos inaccesibles, entre otros supuestos.

Para ubicar la relevancia social de esta discusión legislativa, considérese que el Estado de México es una de las entidades con mayor número de sujetos obligados, llamados así a "cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo público, partido político, sindicato o persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad".

En materia de recursos públicos, esta propuesta busca la disminución de gastos de operación que representaba el INFOEM para el estado, al asumir sus funciones por una Secretaría ya constituida y por un organismo con una estructura más simplificada. Al respecto, cabe notar que el INFOEM era el órgano garante que ejerció un mayor presupuesto en 2022 con respecto al de los demás órganos de todas las entidades federativas, por arriba de la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. Lo anterior, según el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2023, a cargo del INEGI.

Según esta misma fuente, en ese año el INFOEM fue el sexto estado con la mayor cantidad de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales, además también ocupó la sexta posición en solicitudes respondidas, por debajo de los órganos garantes de Jalisco, Sonora, Puebla, Ciudad de México, y el propio INAI.

Estos datos ayudan a dimensionar la relevancia de la nueva legislación de transparencia y protección de datos personales que hoy se discute en el Congreso mexiquense. Recordemos que el acceso a la información pública es un derecho humano así reconocido en el artículo 6º de la Carta Magna, lo que implica que cualquier persona pueda tener acceso a la información de los sujetos obligados, sin que necesite probarse su interés jurídico y salvo las excepciones que se establezcan legalmente.

Además, es importante tener en consideración que esta nueva legislación estatal también apunta a la protección de datos personales, un derecho consagrado en el artículo 16 constitucional, lo que implica que el Estado mexicano debe garantizar el derecho a la privacidad y a la protección contra delitos, como por ejemplo el robo de identidad.

Con la creación de Transparencia Mexiquense y la armonización con la legislación federal se da certeza sobre el acceso ciudadano a la información, la rendición de cuentas, el gobierno abierto y la protección de datos personales, bajo un modelo de simplificación administrativa.

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