Buena parte de la conversación público-política en México se concentra en quién gobierna, qué partido gana, quién encabeza las encuestas o qué fuerza política controla determinada institución. Es comprensible en una democracia, las elecciones importan porque determinan quién habrá de ocupar el poder. Pero hay una pregunta que formulamos con menor frecuencia: ¿qué significa, en términos concretos, que un gobierno funcione?

La respuesta no está solamente en los discursos, en el número de obras inauguradas ni en los programas o en las políticas públicas. Para la mayoría de las personas, el Estado se experimenta de una manera inmediata cuando sale agua de la llave, cuando una calle es transitable, cuando el alumbrado funciona, cuando llega una ambulancia, cuando un hospital atiende o cuando el transporte permite llegar seguros al trabajo sin convertir el trayecto en una odisea.

Los datos recientes muestran que existe una brecha importante entre lo que las instituciones hacen y lo que la ciudadanía percibe que son capaces de resolver.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de marzo de 2026, el 98.3% de la población adulta identificó al menos un problema en su ciudad. Los baches encabezaron la lista, señalados por el 82.7%; le siguieron las fallas y fugas en el suministro de agua potable (59,2%), el alumbrado público insuficiente (56,3%), los embotellamientos frecuentes (53,6%) y la delincuencia (52,1%). Un 51,4% adicional señaló hospitales saturados o con servicios deficientes.

Estos datos son reveladores, las preocupaciones ciudadanas no se reducen a los grandes debates nacionales; la mayor parte de ellas reside en la escala de la vida cotidiana. Aquí aparece uno de los desafíos más urgentes de la administración contemporánea, que es la capacidad gubernamental. Tener gobierno no significa, necesariamente, tener capacidad para gobernar.

Como señala el politólogo Francis Fukuyama, la calidad de la democracia depende no solo de las elecciones, sino de la capacidad de sus instituciones para implementar políticas de manera eficaz. Un Estado puede contar con leyes, presupuestos y funcionarios, y aun así mostrar dificultades para transformar esos recursos en resultados. A esto en ciencia política le llamamos capacidad estatal, es decir, la facultad efectiva de las instituciones para formular decisiones, coordinarlas, ejecutarlas y, sobre todo, producirlas.

Desde esta perspectiva, la eficacia gubernamental debería evaluarse menos por lo que se anuncia y más por lo que se logra. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, apenas el 47.2% de la población manifiesta satisfacción general con los servicios públicos básicos y de trámites.

Existe un territorio de la acción gubernamental que rara vez protagoniza el debate político, pero que determina profundamente nuestra calidad de vida. Un buen gobierno no debería definirse únicamente por cuánto presupuesto ejerce o cuántos programas crea; esas son medidas de actividad administrativa, no de resultados.

Construir una obra es una acción; que esa obra resuelva el problema para el que fue creada es otra cosa. Contratar policías es un trámite; que las personas caminen seguras por su ciudad es el resultado esperado. Esta diferencia parece sencilla, pero representa uno de los problemas

históricos de muchas administraciones, confundir hacer cosas con resolver problemas. Además, la capacidad gubernamental no depende solo de dinero; requiere instituciones profesionales, información confiable, planeación y, sobre todo, coordinación.

Un municipio puede reparar una calle, pero si meses después otra dependencia la abre para introducir cableado y nadie reconstruye el pavimento, el problema no fue falta de recursos, fue falta de coordinación. Gobernar implica lograr que múltiples instituciones trabajen de manera coherente alrededor de problemas que, para el ciudadano, son uno solo.

Porque las personas no experimentan al Estado dividido en secretarías o niveles de gobierno; experimentan problemas. Si no hay agua, poco importa qué autoridad tenía la competencia. Desde el punto de vista administrativo, distribuir competencias es indispensable; desde el punto de vista ciudadano, lo importante es que alguien resuelva.

La verdadera prueba de un gobierno ocurre lejos de los grandes discursos. Ocurre todos los días, cuando millones de personas salen de casa y se enfrentan a aquello que las instituciones fueron capaces —o incapaces— de organizar. Las democracias necesitan elecciones libres y leyes fuertes, pero también requieren de algo menos espectacular y vital: Estados capaces de hacer que las cosas funcionen.

Porque gobernar no consiste solamente en obtener el poder. Consiste, sobre todo, en convertirlo en resultados.

Documentos consultados

Fukuyama, F. (2014). Political order and political decay: From the Industrial Revolution to the globalization of democracy. Farrar, Straus and Giroux.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026, mayo). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025: Principales resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2025/doc/encig2025_principales_resultados.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026, abril). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU): Principales resultados del primer trimestre de 2026.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2026_marzo_presentacion_ejecutiva.pdf

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