Los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) y Estatal (CNIJE) 2026, publicados por el INEGI el pasado 4 de noviembre, revelan que el Estado de México cuenta con uno de los poderes judiciales más grandes de todo el país, a la vez enfrenta retos proporcionales a sus dimensiones demográficas, sociales y económicas.
Las cifras son elocuentes: en 2025, el Estado de México ocupó el primer lugar nacional en infraestructura judicial y administrativa, con un total de 488 órganos, y ocupó el segundo en cantidad de personal, con 6,494 personas servidoras públicas adscritas.
De manera similar, el Poder Judicial del Estado de México ocupó el primer lugar nacional en número de personas juzgadoras con 410, por encima de Guanajuato (303) y Ciudad de México (298); y ocupó el segundo lugar a nivel nacional en número de magistraturas, con 63 personas, únicamente por debajo de Ciudad de México (72).
También se aprecia una mayor participación femenina en las magistraturas mexiquenses: el 50.8 % estaba ocupado por mujeres, proporción superior al promedio nacional del 46.6 %. Sin embargo, de las 410 personas juzgadoras el 44 % eran mujeres, lo que revela la persistencia de brechas de género en todos los niveles de la estructura judicial.
También encabezó la lista nacional en asuntos ingresados, con 266 mil 550; en determinaciones y conclusiones, con 176 mil 878; así como la publicación de sentencias, con 71 mil 581 resoluciones difundidas.
Estos resultados no son menores. Reflejan el panorama de una institución que enfrenta una enorme presión por atender las necesidades de justicia de la entidad más poblada de México y que, por su tamaño y carga de trabajo, desempeña un papel fundamental en la estabilidad social y la protección de los derechos humanos de la población.
La evolución del aparato judicial mexiquense también muestra avances importantes. Entre 2022 y 2025, la infraestructura institucional creció 5.4 % y el personal aumentó aproximadamente 12 %. Por otro lado, el presupuesto ejercido registró un incremento nominal acumulado de 11 %, aunque con una reducción de 1,4 % durante el último año, lo que significa que se ha hecho más, con prácticamente lo mismo.
Sin embargo, el propio estudio del INEGI deja al descubierto una importante lección: contar con más recursos, infraestructura y personal no garantiza automáticamente mejores resultados.
Entre 2022 y 2025, las determinaciones y conclusiones judiciales disminuyeron 5.9%, lo que evidencia que todavía existe un margen importante para mejorar la productividad y agilizar la atención de los asuntos.
En contraste, destaca la reducción de 53,8 % en los procedimientos pendientes del Sistema Penal Acusatorio y de Justicia para Adolescentes entre 2024 y 2025. Si bien es necesario revisar las causas y la comparabilidad de esta disminución, el dato constituye una señal favorable que merece seguimiento.
Otro aspecto que destaca de los censos del INEGI es el desempeño de los mecanismos alternativos de solución de controversias. En 2025, el Estado de México registró poco más de 24 mil expedientes iniciados en justicia alternativa, lo que muestra el potencial de esta vía para solucionar conflictos.
A la luz de la reforma constitucional publicada el 12 de febrero de 2024, cuyos propósitos fueron dotar de legitimidad popular a las personas juzgadoras y garantizar de mejor manera la impartición de justicia, estos instrumentos como el (CNIJF) y (CNIJE) 2026 a cargo del INEGI, brindan información valiosa para orientar el debate de cómo acercanos a un poder juidicial cada vez más eficiente y cercano a la gente.
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