La noticia volvió a sacudir al Estado de México este fin de semana. Miriam, una joven de 23 años, estudiante de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue asesinada presuntamente por su novio dentro de la casa de los padres de él. El padre del señalado agresor fue quien dio aviso a los cuerpos de emergencia al percatarse de que la joven estaba ahí ensangrentada. Cuando los paramédicos llegaron, ya no había nada que hacer. Miriam había muerto.
La tragedia golpea todavía más porque detrás de las cifras existe una historia concreta, una vida interrumpida. Una universitaria. Una joven con proyectos. Una hija. Más allá de los vínculos familiares o políticos de la víctima, lo verdaderamente importante es que una mujer más perdió la vida en un contexto que apunta a violencia feminicida.
Y es que los feminicidios continúan. Persiste. Se acumulan. De acuerdo con registros oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México se mantiene de manera recurrente entre las entidades con mayores números absolutos de feminicidios del país. Tan sólo en enero de 2026 se contabilizaron cuatro casos oficialmente clasificados como feminicidios en la entidad.
La realidad resulta especialmente preocupante porque el Estado de México cuenta desde 2015 con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en diversos municipios, entre ellos Chimalhuacán. Posteriormente, en 2019, se decretó una segunda alerta relacionada con la desaparición de mujeres y niñas. Son más de diez años de alertas, diagnósticos, protocolos y compromisos institucionales. Sin embargo, las noticias siguen llegando con una frecuencia dolorosa.
La verdad es que no basta con anunciar estrategias. Tampoco alcanza con presentar estadísticas favorables en otros delitos. Cada feminicidio representa una falla colectiva. Una señal de que aún existen relaciones marcadas por el control, la violencia, la posesión y la impunidad.
Por eso sería un error dejar que el cansancio gane terreno. Aunque a las autoridades federales, estatales o municipales les incomode hablar del fenómeno, no podemos normalizarlo. No debemos ceder. Hay que seguir insistiendo, señalando, exigiendo y presionando para que las instituciones mejoren la atención a las víctimas, fortalezcan la prevención y respondan con mayor eficacia.
Pero la responsabilidad no termina en el gobierno. La sociedad también tiene una tarea pendiente. Educar mejor. Sensibilizar. Detectar señales de violencia. Romper silencios. Y, sobre todo, lograr que los hombres se sumen de manera urgente y permanente a la lucha contra la violencia feminicida. Porque mientras una sola mujer siga perdiendo la vida por razones de género, ninguna alerta podrá considerarse suficiente y ninguna autoridad podrá declarar victoria. ¡Ni una más!
La última trinchera
Y mientras regateamos recursos para la búsqueda de desaparecidas, para la atención a víctimas, para la atención y prevención de violencia, nos gastamos 125 millones de pesos en fan fest fallidos en municipios donde no se pararon ni las moscas.
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