Todos hemos escuchado alguna de estas frases frente a una ventanilla pública: "Regrese la próxima semana", "le falta un documento", "el sistema está caído". Lo que parece una molestia cotidiana es, en realidad, una de las expresiones más visibles del funcionamiento del Estado. Ahí, lejos de los discursos oficiales, es donde la política pública adquiere forma.
Para millones de mexiquenses, el contacto cotidiano con el gobierno no ocurre en las tribunas del Congreso ni en los discursos del gabinete, sino en el mostrador de una oficina municipal, durante la inspección de un comercio o frente a una ventanilla de trámites. Es precisamente en ese encuentro entre la ciudadanía y las personas servidoras públicas donde la ley cobra vida o se desmorona.
En la ciencia política y la administración pública existe un concepto fundamental formulado por el politólogo Michael Lipsky: la "burocracia de nivel de calle" o "burocracia de primera línea". Se refiere a quienes mantienen contacto directo con la población y cuentan con cierto margen de decisión al aplicar las normas. Su aportación resulta reveladora, para la ciudadanía, el verdadero rostro del Estado no lo definen los grandes planes de desarrollo ni la comunicación gubernamental, sino las decisiones cotidianas que determinan cómo se aplica, en los hechos, una política pública.
Cuando un trámite acumula requisitos innecesarios, reglas ambiguas y procesos excesivamente largos —lo que la literatura especializada denomina cargas administrativas— aumenta el tiempo, el esfuerzo y, en ocasiones, el dinero que las personas deben invertir para relacionarse con el gobierno. También se amplía el margen de discrecionalidad de quienes atienden los procedimientos.
La discrecionalidad no es necesariamente negativa. Las personas servidoras públicas necesitan cierto margen para atender circunstancias que una norma general no siempre puede prever. El problema aparece cuando sus decisiones no se apoyan en criterios públicos, justificados y susceptibles de revisión. En ese momento, la discrecionalidad puede convertirse en arbitrariedad.
Pensemos en una persona que intenta abrir una pequeña cafetería, regularizar una vivienda o tramitar una licencia de funcionamiento. Si el procedimiento exige acudir a varias oficinas, presentar documentos redundantes y esperar semanas sin recibir información clara, el problema deja de ser solamente la complejidad administrativa. En ese escenario, la incertidumbre y la falta de controles pueden crear condiciones para que un gestor informal o un soborno aparezcan como la vía más rápida para resolver el trámite.
Es en esas condiciones donde puede surgir la corrupción cotidiana. Durante décadas se nos ha repetido que "la mordida" o "el coyotaje" son defectos inherentes a nuestra cultura. Sin embargo, la evidencia académica no permite explicar estos fenómenos únicamente por la cultura o la moral individual. Un estudio del Banco Mundial, basado en información empresarial de 131 países, encontró una relación entre mayores cargas regulatorias y una mayor incidencia del soborno. El diseño institucional no elimina la responsabilidad individual, pero puede ampliar o reducir las oportunidades para la corrupción.
El problema tampoco termina en la eficiencia administrativa. Tiene una dimensión más profunda, la de los derechos humanos. La Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública reconoce el derecho a la buena administración pública. Tramitar una licencia, un acta de nacimiento, un permiso o un servicio de agua no significa pedir un favor a la autoridad. Toda persona tiene derecho a recibir una atención imparcial y a que su solicitud sea resuelta conforme a la ley, mediante procedimientos accesibles y dentro de un plazo razonable.
Esta perspectiva nos permite evaluar con mayor rigor las promesas de combate a la corrupción. Castigar a quienes cometen faltas es indispensable, pero no suficiente. La transformación también exige rediseñar las instituciones, reducir la arbitrariedad, eliminar requisitos innecesarios, publicar criterios y plazos, simplificar antes de digitalizar y hacer que las decisiones puedan rastrearse y revisarse. La atención presencial también debe conservarse para quienes no tienen acceso a internet o requieren acompañamiento.
Exigirlo no significa pedir comodidad administrativa ni un trato especial. Significa reclamar que el Estado funcione con legalidad, transparencia y respeto a los derechos y a la dignidad de todas las personas.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex
