No hay reforma educativa ni revolución tecnológica que valga si somos incapaces de proteger a la infancia. La regulación de los celulares en las aulas es apenas el comienzo. En México, el verdadero reto consiste en asumir la responsabilidad compartida sobre la formación digital de nuestras niñas, niños y adolescentes; una responsabilidad que, nos guste o no, comienza en casa.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que antes de concluir agosto se presentará una propuesta para regular el uso del celular en las escuelas, con el objetivo de que pueda aplicarse al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

La iniciativa llega oportunamente. El problema no es únicamente el dispositivo, sino el contenido digital al que niñas, niños y adolescentes acceden, la mayoría de las veces sin supervisión. Lo más preocupante es que, con frecuencia, lo hacen con el consentimiento —explícito o por omisión— de sus propios padres.

Según la UNESCO, el 58 por ciento de los sistemas educativos del mundo ya cuenta con alguna regulación sobre el uso de celulares en las escuelas. En México, mientras tanto, la conectividad entre menores de edad ha crecido aceleradamente.

Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), con base en información del INEGI, señalan que 82.3 por ciento de las niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años utiliza internet, es decir, cerca de 21.9 millones de personas. Además, 76.4 por ciento usa un teléfono inteligente y 62.3 por ciento participa activamente en redes sociales. Entre adolescentes de 12 a 17 años, el uso del celular supera incluso el 90 por ciento.

Paradójicamente, prácticamente todas las plataformas digitales establecen una edad mínima de 13 años para abrir una cuenta. Sin embargo, millones de niñas y niños menores ingresan simplemente registrándose con una fecha de nacimiento falsa o con el consentimiento —explícito o implícito— de un adulto.

Y aquí aparece la verdadera discusión: en muchos hogares son los propios padres quienes entregan el primer teléfono inteligente sin establecer horarios, límites ni reglas.

Las consecuencias de esta exposición ya son visibles. Un estudio realizado por UNICEF, INTERPOL y ECPAT reveló que uno de cada ocho adolescentes usuarios de internet en México ha sufrido alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por las tecnologías digitales. Esto representa alrededor de 1.6 millones de adolescentes.

El informe también señala que quienes atraviesan estas experiencias enfrentan un mayor riesgo de ansiedad, autolesiones e ideación suicida.

No hablamos únicamente de distracciones dentro del salón de clases. Hablamos de riesgos importantes para nuestros menores, quienes están expuestos al ciberacoso, la pornografía, los retos virales que normalizan las autolesiones, el contacto con delincuentes, la desinformación y, ahora, a una inteligencia artificial capaz de fabricar realidades distorsionadas.

Por ello, la regulación que impulsa el Gobierno de México representa un paso importante, porque gobernar también significa anticiparse a los riesgos y proteger a quienes todavía no tienen la madurez para hacerlo por sí mismos.

Además, la medida cuenta con el respaldo de madres y padres que están de acuerdo en restringir el uso del celular durante la jornada escolar. Esto no solo favorece la concentración, la convivencia y el aprendizaje, sino que también ayuda a proteger a los menores de contenidos inapropiados para su edad.

Sin embargo, pensar que el problema termina cuando suena la campana de salida sería tomar el camino más fácil.

La protección de nuestras infancias no puede depender únicamente del Estado. La primera línea de defensa sigue siendo el núcleo familiar y, para ser honesta, no creo que ningún algoritmo pueda educar mejor que una madre o un padre presente.

Así como ningún padre de familia permitiría que su hijo entrara solo a un bar o a un casino, tampoco debería permitir que navegue por el ciberespacio sin acompañamiento ni supervisión. No debemos olvidar que los algoritmos priorizan el tiempo de permanencia en las plataformas antes que el bienestar de los menores.

No se trata simplemente de prohibir, sino de educar. Se trata de establecer un diálogo entre madres, padres e hijos, fundado en la confianza, que permita construir medidas de seguridad mientras nuestros hijos utilizan dispositivos con acceso a internet.

Y sí, lo digo con franqueza: los niños no deberían tener un teléfono celular propio antes de los 18 años. La infancia no vuelve. Antes de entregarles un dispositivo con acceso ilimitado al mundo digital, deberíamos asegurarnos de que cuentan con las herramientas emocionales necesarias para enfrentarlo.

Regular los celulares en las escuelas es una decisión correcta, pero sería un error pensar que con ello habremos resuelto el problema. La verdadera batalla se libra todos los días en casa, donde se forman los hábitos, los valores y los límites.

Proteger a la infancia no es un acto de autoridad; es un acto de amor y de responsabilidad colectiva.

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