Desde el pasado 3 de noviembre, con base en el Acuerdo 09/09/26 emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), se restringe a estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria el uso de celulares y otros dispositivos digitales personales durante toda la jornada escolar, incluido el recreo, en planteles públicos y particulares".

El artículo 2 del documento precisa, sin embargo, que estos dispositivos podrán utilizarse en actividades educativas previamente programadas, con una intención pedagógica y bajo la orientación del personal docente. También contempla excepciones por emergencias, necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad, inclusión o debido a situaciones extraordinarias de la comunidad educativa. Estos matices merecen tanta atención como el anuncio de la restricción.

Walter Lippmann (1889-1974), periodista y pensador político, advertía en "La opinión pública", que el tiempo y la atención que usualmente la gente dedica para comprender asuntos a través de los medios son limitados. Por su costado, los medios masivos condensan o reducen a su mínima expresión complejos acontecimientos a través de breves y rápidos mensajes. Es por ello que Lippmann confiaba poco en esa "opinión pública".

Entre los fundamentos de la medida recientemente tomada, el Gobierno de México cita el informe mundial de la UNESCO publicado en 2023, que examina las posibilidades y los riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación. Su diagnóstico plantea que el aprovechamiento de la tecnología requiere preparación docente, acceso y reglas pertinentes.

Hay que acotar tres puntos. Primero, las investigaciones internacionales ofrecen resultados heterogéneos. Algunas encuentran mejoras en las calificaciones tras restringir el celular. Otras registran un menor uso durante la jornada sin mejoras claras en el bienestar mental o en el rendimiento académico promedio. Sus resultados dependen de la edad del alumnado, del contexto y de la forma de aplicar la medida. Hace falta precisar qué efectos cabe esperar en las escuelas mexicanas y cómo se van a evaluar.

Segundo, el Acuerdo no exige recoger diariamente los teléfonos de todo el alumnado de educación básica. Pueden permanecer guardados. Pero aquellas autoridades o docentes que interpreten que la nueva tónica de la educación 4T exige retirarlos enfrentarán problemas operativos y posibles quejas por extravíos o daños. ¿Quién recibe los aparatos, dónde los guarda y quién responde por ellos?

Tercero, habría que capacitar, mediante modalidades híbridas, a más de 1.2 millones de docentes para diseñar actividades que alternan el uso pedagógico del celular con otras que permitan aprender sin él. Se trata de ampliar las formas de aprender y de aprehender, con opciones también para quienes carecen de equipo o conexión.

¿Tendrá el profesorado el apoyo de la SEP para emprender estos procesos de actualización? Dejo aparte la impostergable formación para el uso ético de la IA generativa, que tanta falta hace para superar visiones maniqueas, tanto apocalípticas como frenéticamente entusiastas.

La medida puede eclipsar otra parte del asunto. En la vida de muchos escolares, los celulares funcionan como una especie de “cordón umbilical”. Madres, padres y personas cuidadoras los usan para coordinar trayectos largos, atender imprevistos o comunicarse ante emergencias. Por ejemplo, recientes testimonios de familias de Sinaloa, preocupadas por la violencia, muestran que este vínculo también responde a condiciones concretas de inseguridad. Podríamos agregar casos similares de violencia que ponen en riesgo a escolares reportados en Colima, Morelos, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Michoacán y Baja California. El Acuerdo prevé canales de comunicación entre la escuela y las familias. Conviene saber quién los atenderá y qué capacidad de respuesta tendrán.

La SEP tendría que explicar con qué recursos se aplicará la medida, qué evaluación mexicana la orienta y qué resultados se revisarán en el seguimiento previsto. La consulta al magisterio que menciona el Acuerdo aporta información sobre la experiencia escolar. Para quienes entendemos de procesos educativos o curriculares, una evaluación sistémica de esta naturaleza exigirá, además, medir qué cambia en el aprendizaje, la convivencia y la atención a las emergencias. Quizá ese sea uno de los problemas que padece la clase política cuando se inmiscuye en decisiones para las que se requiere de algunos conocimientos básicos.

Concentrar el foco en el celular puede alimentar la idea de que la calidad del aprendizaje depende de guardar un aparato en la mochila. El ecosistema educativo incluye docentes, estudiantes, familias, alimentación, instalaciones, libros, materiales, presupuesto, acceso a las TIC y entorno social. Si estos componentes quedan fuera de la conversación y la capacitación sigue pendiente, la restricción corre el riesgo de quedarse en una medida al botepronto.

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