La prisa por cumplir con la armonización constitucional en el Estado de México no debe eclipsar la cautela técnica ni el rigor democrático que exige la reforma al Poder Judicial mexiquense. Aunque la iniciativa impulsada por el diputado Francisco Vázquez Rodríguez busca dar certeza al proceso hacia 2028, las observaciones sobre la división de regiones electorales y la igualdad entre aspirantes confirman que aún existen vacíos críticos. Un cambio de esta magnitud requiere construir leyes secundarias sólidas de la mano de especialistas e integrantes del propio sector judicial. Apurar el dictamen este 9 de julio sin agotar un análisis profundo corre el riesgo de priorizar los tiempos políticos por encima de la eficacia y la verdadera independencia de la justicia local.
Francisco Vázquez Rodríguez. Foto Alejandro Vargas / El Universal
Derechos e inclusión
La alianza impulsada por la titular del DIFEM, Karina Labastida, junto con la CODHEM para proteger a las personas con discapacidad, representa un paso clave hacia una atención institucional verdaderamente incluyente. En una entidad donde más de un millón de mexiquenses enfrentan barreras cotidianas, la capacitación a los 125 sistemas municipales no debe quedar solo en un acto protocolario o en intenciones sobre el papel. Llenar de contenido este convenio implica garantizar presupuestos reales, accesibilidad universal y un acompañamiento que erradique de raíz la discriminación. La dignidad y el bienestar de los sectores más vulnerables exigen que el compromiso institucional se traduzca, sin demoras, en hechos palpables en cada municipio.
Karina Labastida Sotelo. Foto Especial
Sancionar no basta
El endurecimiento de las sanciones a los verificentros en el Estado de México, duplicando el porcentaje de clausuras por corrupción y omisiones, es una señal necesaria en favor del medio ambiente. No obstante, que más del 60 por ciento de estos centros operen con fallas evidencia un problema estructural que las simples multas no han logrado erradicar. La estrategia anunciada por la secretaria Alhely Rubio Arronis para actualizar la tecnología de rastreo hacia noviembre representa una oportunidad clave para frenar definitivamente el negocio de los "brincos". Para que el Programa de Verificación Vehicular 2026 sea efectivo y proteja el bolsillo de los mexiquenses, la regulación debe ir acompañada de un monitoreo implacable que impida que la corrupción siga circulando impunemente.
Alhely Rubio Arronis. Foto Especial
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