El galardón internacional otorgado al programa Caravanas Itinerantes por la Justicia Social representa un innegable triunfo político y administrativo para la administración de la gobernadora Delfina Gómez. Al ser reconocido por la ORU Fogar y el PNUD, el modelo mexiquense de atención territorial demuestra que abatir el rezago en trámites esenciales y servicios jurídicos sí es posible mediante la descentralización y la cercanía comunitaria. Este logro no sólo valida la narrativa de equidad social del gobierno estatal frente a 79 regiones del mundo, sino que coloca al Estado de México como un referente de gobernanza exportable hacia otras latitudes de América Latina. El verdadero reto ahora será institucionalizar este éxito para que la eficiencia de las caravanas se convierta en una política permanente y no dependa únicamente de la voluntad sexenal.

Delfina Gómez Álvarez. Foto Especial

Acierto por la democracia

La integración de este nuevo grupo de trabajo en el Observatorio mexiquense es un paso sumamente afortunado y oportuno de cara al proceso electoral de 2027. Bajo la conducción del Tribunal Electoral y con el respaldo del IEEM, la iniciativa acierta al basar el avance de la paridad en diagnósticos técnicos sólidos y no en meras intuiciones políticas. Es de aplaudir que las autoridades del estado sumen esfuerzos con una visión de largo plazo para blindar los derechos político-electorales de las mujeres y abrir espacios incluyentes para candidaturas no binarias. Este noble ejercicio de coordinación institucional no sólo fortalece la democracia de la entidad, sino que dignifica la vida pública al poner el acento en una igualdad sustantiva, real y libre de discriminación.

¿Asunto público o defensa personal?

La comparecencia del alcalde Fernando Flores ante los juzgados por presunto abuso de autoridad y lesiones toma un matiz doblemente preocupante al verse cobijado por funcionarios municipales en pleno horario laboral. El acompañamiento del consejero jurídico, el director de Comunicación Social y un regidor desdibuja peligrosamente la frontera entre las responsabilidades institucionales y los problemas legales de carácter estrictamente personal. En un estado que exige transparencia, el Ayuntamiento de Metepec está obligado a aclarar de inmediato si existió una justificación oficial o si se cayó en un flagrante uso indebido de recursos públicos y tiempo laboral. Este arropamiento político no hace más que alimentar las sospechas de un presunto influyentismo que la fiscalía y los órganos de control del Estado de México no deben pasar por alto.

Fernando Flores Fernández. Foto Especial

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