La promulgación del Decreto 365 que extingue al INFOEM para dar paso a Transparencia Mexiquense marca una reconfiguración profunda e inquietante en el acceso a la información en la entidad. Al trasladar las funciones de un órgano autónomo a un organismo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, el Ejecutivo estatal asume el control directo de la rendición de cuentas, un movimiento que siembra serias dudas sobre la imparcialidad del nuevo modelo. El periodo de transición de noventa días y la compleja liquidación institucional no deben convertirse en una laguna de opacidad que paralice los derechos ciudadanos. La verdadera prueba para Transparencia Mexiquense será demostrar que la subordinación administrativa a la Contraloría no sofocará la vigilancia crítica que exige el ejercicio del poder en el Estado de México.
Fachada del INFOEM / Fotos Alejandro Vargas
Guerra al rezago penal
La apuesta del Órgano de Administración Judicial del Estado de México por reestructurar los Tribunales de Alzada ataca directamente una de las fallas más drásticas del sistema de justicia: el rezago en las resoluciones penales. Bajo la conducción de los magistrados Fernando Díaz y Elizabeth Rodríguez, la apertura de estos nuevos órganos y la redistribución equitativa de cargas de trabajo buscan convertir en realidad la máxima de una justicia pronta y expedita. La concentración de casi el 60% del rezago en los juzgados unitarios exigía un viraje estratégico urgente para evitar que los tocas penales continuarán acumulando polvo en las carpetas. El éxito de esta ambiciosa reorganización no dependerá solo de la apertura de sedes en Toluca, Texcoco o Tlalnepantla, sino de que la simplificación de procesos logre desahogar las apelaciones sin sacrificar el rigor jurídico. Solo con sentencias célebres y sin sobrecargas administrativas, el Poder Judicial mexiquense podrá aliviar la certidumbre de las familias que aguardan una resolución definitiva.
El delgado filo de la censura
La aclaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los alcances de la reforma al artículo 403 Bis pretende calmar las alarmas sobre la censura a la sátira política, pero deja al descubierto el delgado filo por el que transita la regulación digital. Aunque la urgencia de combatir las estafas con tecnología deepfake e identidad institucional clonada es indiscutible, depositar en la Ley de Propiedad Industrial la facultad de definir intenciones y engaños abre un terreno sumamente ambiguo. La línea que separa una parodia mordaz del uso "impropio" de la imagen oficial suele ser difusa para el poder en turno, por lo que el verdadero peligro no estriba en el discurso presidencial, sino en el margen de discrecionalidad que el texto otorga a las autoridades encargadas de aplicarlo. Para evitar que el combate al fraude se convierta en una mordaza soterrada, el Ejecutivo debe garantizar candados infranqueables que protejan la libertad de expresión frente a interpretaciones arbitrarias del marco penal.
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