Una ciudad es mucho más que la simple acumulación de infraestructura, asfalto y edificaciones. Es el escenario donde se articula la vida pública, donde trabajamos, convivimos, nos desplazamos y desarrollamos el tejido cotidiano. Por ello, la calidad de una ciudad no debe evaluarse exclusivamente por la construcción de grandes obras, sino por la capacidad real de transitar y disfrutar bajo condiciones de seguridad, accesibilidad, servicios eficaces y espacios públicos dignos. Henri Lefebvre, en su obra El derecho a la ciudad, señaló una tesis que conserva vigencia "quienes habitan el espacio urbano no deben reducirse a meros consumidores, sino ejercer un rol activo en su construcción y transformación".
Más tarde, David Harvey avanzó esta idea al definir el derecho a la ciudad como un bien colectivo, es decir, la capacidad política para intervenir en las decisiones que determinan nuestra forma de vida y la distribución de los recursos urbanos. Esta perspectiva nos permite comprender que el disfrute del entorno no es un privilegio, sino un derecho fundamental. La Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas promueve el ideal de una ciudad para todos, espacios donde la igualdad de acceso a la vivienda, el saneamiento, la movilidad y la infraestructura sea la norma.
En México, este precepto ha sido incorporado en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que reconoce formalmente el derecho a la ciudad como un principio rector de la política pública. La contrariedad surge cuando aquello que constituye una obligación del Estado se disfraza de concesión gubernamental. Una calle pavimentada, una luminaria operativa, una banqueta transitable o un parque limpio no son prebendas de una administración; son los resultados mínimos exigibles de instituciones financieras mediante la hacienda pública. Tomemos como ejemplo el caso de Toluca.
El propio Ayuntamiento ha admitido un deterioro histórico en su red vial. En marzo de 2026, anunció un programa para reparar cerca de 20 mil baches durante el primer semestre, tras haber atendido más de 48 mil en 2025. Aunque estas acciones son reconocibles, la magnitud de estas cifras plantea la interrogante: ¿cómo ha permitido la administración pública alcanzar niveles tan críticos de degradación antes de atenderlos? El bache es, en última instancia, la manifestación tangible de una carencia estructural.
Una banqueta fracturada segrega a las personas mayores y a las personas con discapacidad; una calle en penumbra condiciona el desplazamiento de quien teme transitar; la ineficiencia del transporte disminuye el tiempo vital. La infraestructura urbana no solo distribuye calidad de vida, también cristaliza y perpetúa la desigualdad. La pregunta que los ciudadanos nos hacemos es ¿por qué ciertos modelos urbanos logran resultados sostenidos en el tiempo? Las experiencias comparadas muestran que no se trata de la eliminación absoluta de los problemas, sino de la implementación de políticas de Estado. Viena ha sostenido durante décadas un modelo de vivienda social que beneficia al 60 por ciento de su población; Copenhague, mediante inversiones sostenidas durante más de veinte años, ha integrado infraestructura ciclista, espacio público y planeación urbana de manera coherente.
La diferencia no reside en una supuesta superioridad cívica, sino en la solidez de sus instituciones, su capacidad técnica, continuidad administrativa y rigor en la rendición de cuentas. En México, los retos son estructurales y están documentados. La OCDE ha advertido que gran parte de los municipios enfrentan responsabilidades urbanas con capacidades financieras y administrativas insuficientes. A esto se suma la fragmentación política, la descoordinación metropolitana y una cultura de gestión reactiva que privilegia la obra nueva sobre la conservación preventiva. Si bien la corrupción -manifestada en opacidad y baja calidad de las obras- es un aspecto relevante, no explica por sí sola el fenómeno.
La improvisación, la debilidad en la planeación y la inexperiencia técnica son motores constantes de este ineficiente ejercicio del poder. Existe, asimismo, una responsabilidad ciudadana que debemos articular con mayor claridad. Una democracia urbana exige habitantes que no solo manifiesten su inconformidad, sino que vigilen, participen y exijan. Auditar presupuestos de mantenimiento, vigilar planes municipales, documentar fallas y participar en mecanismos de planeación no son actos extraordinarios, sino el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Cuidar lo común es parte de este contrato. Sin embargo, la corresponsabilidad tiene un límite ético, ya que la participación ciudadana no debe convertirse en un pretexto para transferir a la sociedad las obligaciones irrenunciables del Estado. Es indispensable modificar una idea profundamente arraigada, dejar de agradecer como dádiva aquello que es, a todas luces, un derecho financiado colectivamente.
Tenemos derecho no solo a residir en una ciudad, sino a caminarla, utilizarla, encontrarnos en ella y disfrutarla. Una ciudad habitable no es un obsequio del gobernante en turno; es el producto de una administración profesional, planeación de largo plazo y una vigilancia democrática constante. Exigir una ciudad digna no es pedir demasiado. Es, simplemente, ejercer la ciudadanía.
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