La injerencia pesa en donde no funcionan las instituciones. Para hablar del intervencionismo estadounidense hay que reconocer una asimetría histórica en las relaciones bilaterales. Las vulnerabilidades se abrieron el sexenio pasado y el reporte de la ONU respecto al tema de los desaparecidos; la declaración del alto comisionado de hace unos días y el asunto de Chihuahua no pueden entenderse por separado. "Abrazos no balazos" fue más un slogan de campaña que una política pública y eso comienza a cobrar factura por razones políticas muy predecibles:

Trump enfrentará elecciones internas en noviembre y, si no logra una mayoría, podría sufrir un "impeachment", según él mismo lo ha reconocido públicamente; en unos meses se revisa el TLCAN y, mientras tanto, EUA sigue amenazando con todo a todo el mundo. Para colmo, en unas semanas será una de las sedes del campeonato mundial de fútbol y todos los ojos estarán puestos en la región. Qué mejor oportunidad para Trump para replantear su hegemonía continental.

México, por su parte, tiene todo en contra por una razón simple: la polarización social ya camina sola y, con ella, las afecciones del auditorio oscilan entre el sectarismo ramplón y el oposicionismo como norma. Se acabaron las zonas grises, neutras o no; hoy no pintan en la discusión pública. Son los bulos o tubos de eco los que determinan la mayor conflictividad en la conversación pública. En ese ambiente, es muy fácil equivocarse.

El conflicto que deriva del asunto de Sinaloa tiene diversas interpretaciones y vale la pena detenernos en la primera, que es la que genera una especie de desconcierto para la opinión pública mexicana. Jurídicamente hay una gran diferencia entre los procesos judiciales de Estados Unidos y los mexicanos. Cuando nuestra presidenta se refiere a esperar pruebas, habla del sistema judicial mexicano, en donde, una vez que existen suficientes elementos de prueba (carpeta de investigación), se procede propiamente al juicio. Y ya en el juicio se defienden con otro tipo de elementos probatorios de descargo cuando se trata de las víctimas.

Para el sistema norteamericano es distinto, porque el fiscal presenta esos indicios al gran jurado, que está integrado por ciudadanos que son seleccionados. Ellos analizan las pruebas y si son convincentes a sus ojos (no son expertos) determinaran la causa probable. En otras palabras, su función principal no es juzgar sino validar la causa probable. El gran jurado, una vez que acepta que hay suficientes indicios, inicia la acusación formal, luego viene la orden de arresto y con ella, la solicitud de extradición. Ya con el sujeto acusado en su territorio, inicia el juicio correspondiente. Por eso no puede haber pruebas contundentes e irrefutables.

Y aquí está el segundo gran cambio para el caso de México: no tenemos un gran jurado, tenemos un juez que integra un expediente que ya ha sido debidamente instrumentado por la Fiscalía, que ya ha recibido información de la investigación y, a partir de eso, va elaborando su propia resolución. Ahí está la gran confusión.

Luego, entonces, cuando la presidenta se refiere a pruebas contundentes, irrefutables, me parece que no eligió los mejores adjetivos, porque si ese fuese el gran dilema que tiene el Gobierno, es que con ese tipo de acusaciones también se acusó a Genaro García Luna. Y ahí sí, el Gobierno mexicano ha celebrado desde hace años el procedimiento. De la misma manera, el gran jurado ha llamado a cuenta a otros personajes (93) vinculados con la delincuencia organizada y ahí no ha habido ninguna defensa, de hecho, se ahorraron la extradición y fueron literalmente expulsados del país.

Me parece entonces que hay un tema que raya en lo que ya he comentado aquí muchas veces, que tiene que ver con la polarización y este efecto que genera la disonancia en el pensamiento, lo que se conoce como polarización afectiva, en donde cada quien cree en función del bando al que pertenezca. Uno de los grandes defectos que tiene este fenómeno es una especie fragmentación de la realidad: en cuanto alguien escucha el nombre de Andrés Manuel López Obrador, por poner un ejemplo, se activan todas las condiciones, digamos, neuronales de simpatía o de rechazo, según sea el caso.

Este fenómeno hace muy difícil hacer juicios de valor de ese tipo de procedimientos. Por eso pienso que es una oportunidad para que la presidenta logre varias cosas que tiene pendientes. La primera es que, en términos de estudios de opinión, el combate a la corrupción sigue siendo muy mal calificado por la opinión pública, de acuerdo a los estudios de Alejandro Moreno. El combate a la inseguridad también; estas dos aristas están involucradas en el proceso que nos ocupa. Debieran ser razón suficiente para que nuestra primera mandataria encabece una investigación seria, profunda, que llegue a las últimas consecuencias y no, en el discurso de la soberanía, trate de ocultar algo que es evidente a los ojos de los ciudadanos. Las cosas no van bien ni en el tema de seguridad ni en el combate a la corrupción. Haría bien también el Gobierno en deslindarse de lo que no funcionó en el pasado, porque el sectarismo que está detrás de la defensa a rajatabla de lo que sucedió antes, ya no ayuda en el contexto actual.

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