El inicio de este segundo trimestre de 2026 ha traído consigo un acto de molestia generalizado para los millones de usuarios que transitan por las arterias viales de México. Sin previo aviso detallado y apenas concluidas las vacaciones de semana santa, los tableros de las plazas de cobro actualizaron sus cifras.
El incremento, lejos de ser un ajuste técnico menor, se percibe como una carga acumulativa que lastima cada vez más la movilidad y eleva los costos logísticos de un país que depende de sus carreteras.
El último aumento, aplicado este 13 de abril de 2026, promedió un 4.7% respecto de los últimos montos en la red administrada por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). Si bien el porcentaje suena moderado, la realidad es que supera el indicador de inflación anualizada de 2025, la cual cerró en 3,69%.
Para el automovilista promedio, esto significa que tramos vitales como México-Querétaro y México-Puebla han alcanzado los 226 pesos, mientras que la ruta México-Cuernavaca se sitúa en 156 pesos. El impacto es más severo en el transporte de carga, donde algunos trayectos largos, como Cuernavaca-Acapulco, ya rozan los 670 pesos por vehículo particular, escalando drásticamente para camiones de varios ejes.
Desde la perspectiva gubernamental, la realidad del incremento reiterado se divide en dos vertientes: 1) una justificación legal que apunta a que los incrementos tienen origen en los títulos de concesión otorgados a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y las facultades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para autorizar ajustes tarifarios que garanticen la viabilidad financiera de las vías; 2) una justificación económica ligada por la necesidad de actualizar las tarifas conforme a la inflación y los costos de operación.
El discurso oficial sostiene que estos recursos son indispensables para la conservación y modernización de la infraestructura, asegurando niveles óptimos de seguridad vial.
La opacidad suele rodear al dinero que se recauda por las casetas, sin embargo, los informes financieros de CAPUFE 2025 revelan una maquinaria de recaudación relevante. Se estima que el rubro de peajes cerró con ingresos superiores a los 38 mil millones de pesos, mientras que para 2026, con los nuevos ajustes y el incremento en el flujo vehicular, se proyecta que la recaudación supere los 40 mil 500 millones de pesos.
¿A dónde va ese dinero? Según la SICT, los principales rubros de inversión son:
1. Conservación rutinaria y periódica para mantenimiento de asfalto, bacheo y señalética.
2. Rehabilitación de puentes y tramos críticos para sustentar intervenciones estructurales en infraestructuras con décadas de antigüedad.
3. Gastos operativos para el pago de nóminas de personal de casetas, servicios de emergencia y seguros de usuario.
Uno de los puntos más críticos de este sistema sorpresivo es la forma en que se comunica. Legalmente, el medio oficial de notificación para cambios en las reglas de operación y tarifas generales debería ser el Diario Oficial de la Federación (DOF). Sin embargo, en la práctica, la ciudadanía se entera a través de escuetos comunicados en redes sociales o mediante el aviso directo estampado con plumón en la caseta el mismo día de la entrada en vigor.
El aumento indiscriminado plantea una pregunta ética y económica: ¿Hasta qué punto el usuario debe financiar ineficiencias operativas o la falta de presupuesto público alterno? Mientras las carreteras sigan presentando tramos en mal estado o inseguridad persistente, cualquier incremento por ajustado a la inflación que sea, será visto como una imposición injusta.
El límite no debería ser solo una cifra porcentual, sino la calidad tangible de la infraestructura que recibimos a cambio de nuestro dinero.
@jorge.dasaev
Síguenos en nuestras redes sociales:
Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex
