Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano murió la noche del 28 de octubre de 2026, a los 92 años. Dos días antes, Guadalupe Taddei había renunciado a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, señalada por conflicto de interés en contratos con un proveedor de material electoral.

No hay relación causal entre ambos hechos, pero sí una relación histórica: la autoridad electoral autónoma que hoy atraviesa una de sus crisis más serias existe, en buena medida, porque la elección de 1988 en la que Cárdenas fue candidato demostró que el gobierno no podía seguir organizando y calificando sus propias elecciones.

Las condolencias llegaron desde posiciones opuestas, de Claudia Sheinbaum a Enrique Peña Nieto. Ese reconocimiento es significativo, pero no sustituye el análisis. La pregunta relevante es qué parte de lo que Cárdenas impulsó sigue vigente y qué parte está en riesgo.

Cárdenas no llegó a la oposición desde fuera del sistema. Hijo del presidente Lázaro Cárdenas, fue senador y gobernador de Michoacán por el PRI. En 1986, con Porfirio Muñoz Ledo, formó la Corriente Democrática para exigir reglas abiertas en la selección del candidato presidencial. Ante el rechazo de la dirigencia, dejó el partido y en 1988 encabezó el Frente Democrático Nacional.

Romper con el partido que gobernaba desde hacía casi seis décadas implicó renunciar a una carrera asegurada y asumir riesgos reales: varios de sus colaboradores fueron asesinados en los años siguientes. La transición mexicana no fue solo un acuerdo entre élites; también fue producto de disidencias con consecuencias concretas.

La elección de 1988 la organizó la Comisión Federal Electoral, presidida por el secretario de Gobernación. La noche de la jornada se interrumpió la transmisión de resultados y días después se declaró ganador a Carlos Salinas de Gortari. La calificación quedó en manos de los propios diputados y, en 1991, la mayoría priista aprobó quemar los paquetes electorales, lo que impidió cualquier revisión.

Nunca se sabrá con certeza quién obtuvo más votos. Lo que sí se sabe es que el déficit de legitimidad obligó a negociar. En 1990 nació el Instituto Federal Electoral; en 1996 obtuvo plena autonomía y quedó fuera de la órbita de Gobernación. En 1997 Cárdenas ganó la primera elección para jefe de Gobierno del Distrito Federal y en 2000 hubo alternancia en la Presidencia. Perdió tres elecciones presidenciales, pero esas derrotas contribuyeron a construir las instituciones que permitieron ganar a otros. La renuncia de Taddei siguió a la revelación de adjudicaciones a empresas vinculadas con un mismo empresario, en las que personas cercanas a la consejera presidenta aparecían como apoderados.

La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación y los partidos exigieron su salida. Tras la renuncia, la poblana Blanca Cruz García asumió la presidencia provisional, doce funcionarios de la oficina renunciaron y la Cámara de Diputados inició el proceso de relevo, con el proceso electoral de 2027 ya en marcha.

Conviene distinguir dos planos. Uno es la responsabilidad individual, que debe investigarse y, en su caso, sancionarse. El otro es institucional: los controles internos no detectaron a tiempo irregularidades en las contrataciones del propio instituto y otro muy relevante, no se levantó la voz a tiempo por parte de las consejerías pares. Un órgano cuya función es garantizar confianza en los resultados necesita una administración irreprochable; cuando falla, el daño alcanza a toda la institución.

También conviene evitar dos lecturas apresuradas: que el escándalo prueba que el INE debe sustituirse, o que todo es una campaña política en su contra. Las irregularidades son concretas, y el instituto sigue siendo la única estructura con capacidad técnica para organizar elecciones nacionales confiables. La discusión útil es cómo corregir sin desmantelar como sucedió, erróneamente, con el entonces INAI.

La lección de 1988 fue que la autoridad electoral debe ser independiente del gobierno y de los partidos, y que su legitimidad depende de procedimientos verificables. Hoy eso implica tres cosas: designar a la nueva presidencia mediante un proceso público y con un acuerdo amplio, no por insaculación como ocurrió en 2023; concluir las investigaciones con resultados claros, porque una renuncia no cierra expedientes; y no rediseñar la autoridad electoral al calor de un escándalo y a meses de una elección federal.

Cárdenas dejó el PRD en 2014, en desacuerdo con la conducción del partido que había fundado. Esa decisión reflejó una idea que sostuvo toda su vida: las instituciones valen por las reglas que respetan, no por las personas que las encabezan. Aplicada al INE, significa que el instituto no se salva defendiendo a sus dirigentes ni reemplazándolo, sino logrando que sus procedimientos vuelvan a ser confiables.