Hay noticias que deberían encender las alarmas mucho más allá del estado donde ocurrieron. Lo sucedido este fin de semana en Chihuahua es una de ellas. Permítame ponerlo en contexto: En una brecha del municipio de Magaurichi, en plena Sierra Tarahumara, elementos del Ejército, Guardia Nacional y autoridades estatales localizaron tres vehículos con reporte de robo en Estados Unidos (nada fuera de lo "usual"). Lo preocupante no eran solamente las camionetas, sino lo que había dentro (sonido de redoble de tambor por favor): 6 mil 324 piezas de alto explosivo, 1.1 toneladas de agente explosivo, mil 710 metros de material de iniciación y detonación y 5 mil 234 estopines o detonadores eléctricos. Se presume que, parte de ese material sería empleado por grupos criminales mediante drones.

Este caso no es precisamente aislado, el punto es que poco o nada se habla cuando ocurren los robos de explosivos en México y las cantidades de estos obligan a dimensionar el problema. SI a esto le sumamos el reciente robo de 348 drones al Grupo HB (operador de DJI Store México) al salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el pasado 19 de agosto, ya no estamos hablando únicamente del delincuente que porta un fusil de asalto, de convoyes de camionetas blindadas artesanalmente o de grupos que disputan una plaza a balazos. Estamos frente a organizaciones que han incorporado explosivos, minas antipersonales, artefactos improvisados, drones y otros recursos a su capacidad de violencia. Y eso, queridos lectores, cambia las reglas del juego.

Como comentamos al principio, lo ocurrido en Chihuahua no puede verse como un hecho aislado. Apenas unos días antes, el Gabinete de Seguridad federal habría informado que en esa misma entidad elementos del Ejército y de la Policía Estatal habían asegurado 27 piezas de explosivos y 37 tubos con detonadores.

Michoacán ofrece quizá el ejemplo más claro de hasta dónde puede evolucionar esta amenaza. La Secretaría de Seguridad Pública de ese estado informó que solamente durante 2025 fueron asegurados mil 645 artefactos explosivos y que su agrupamiento especializado localizó y desactivó mil 117.

No es una estadística menor. En enero de este año, autoridades localizaron y desactivaron otros 48 artefactos explosivos improvisados en una zona serrana de Apatzingán; los dispositivos habían sido modificados para utilizarse con drones. La propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, entre noviembre y diciembre de 2025, dentro de las operaciones realizadas en Michoacán se aseguraron 152 artefactos explosivos y 53 kilogramos de material explosivo.

Estamos, por tanto, ante algo que difícilmente puede seguir tratándose como una extravagancia del crimen organizado para volverse, desgraciadamente, en una constante. Los explosivos se están convirtiendo en una herramienta dentro de su repertorio de violencia. Y aquí aparece una palabra particularmente delicada: "terrorismo". Hay que utilizarla con cuidado.

No toda explosión provocada por un grupo criminal constituye jurídicamente terrorismo, como tampoco todo acto extremadamente violento puede recibir automáticamente esa clasificación. En México, el artículo 139 del Código Penal Federal establece elementos específicos para configurar este delito. Entre ellos contempla el empleo de explosivos u otros medios violentos contra bienes, servicios o personas cuando intencionalmente se produzca alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella y exista alguna de las finalidades previstas por la propia norma, entre ellas atentar contra la seguridad nacional o presionar a una autoridad o a un particular para obligarlo a tomar una determinación. Esa diferencia jurídica importa.

Pero también importa comprender que, desde el punto de vista policial, un artefacto explosivo no pregunta qué clasificación penal tendrá posteriormente la carpeta de investigación. Simplemente explota. Mata policías, soldados y civiles. Destruye vehículos e instalaciones. Bloquea caminos. Modifica la manera de patrullar un territorio y, quizá lo más importante, puede generar miedo suficiente para cambiar el comportamiento de una comunidad.

México ya tuvo una advertencia brutal. En julio de 2023, una emboscada con artefactos explosivos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, provocó la muerte de cuatro policías y dos civiles. El Departamento de Estado de Estados Unidos describió posteriormente aquel episodio como el ataque con explosivos más letal contra fuerzas de seguridad mexicanas en dos décadas. El mismo informe advertía que las organizaciones criminales transnacionales habían ampliado el uso de explosivos contra sus rivales, ocasionando también víctimas entre policías y civiles. Tres años después, los decomisos continúan.

Por eso existe otra discusión que México necesita comenzar seriamente: ¿estamos formando al policía que necesitamos para enfrentar esta nueva realidad? Porque el primer servidor público que encuentra un posible artefacto explosivo rara vez será un especialista antibombas. Puede ser un policía municipal atendiendo una llamada al 911, un policía estatal recorriendo una brecha, un investigador llegando a una escena, un elemento de tránsito observando un vehículo abandonado. o una patrulla respondiendo a un reporte que, como ya ocurrió en Jalisco, puede incluso haber sido utilizado para atraer policías hacia una emboscada.

Eso significa que la formación básica necesita evolucionar. No estoy planteando (y sería irresponsable hacerlo) que todos los policías mexicanos deban aprender a desactivar bombas. La neutralización de explosivos exige personal altamente especializado, entrenamiento específico, procedimientos rigurosos y equipamiento que no corresponde al policía convencional.

La formación inicial debe perseguir algo distinto y mucho más elemental: que un policía sea capaz de reconocer indicadores de riesgo, entender que se encuentra frente a una amenaza potencial, evitar aproximaciones innecesarias, establecer aislamiento y seguridad, solicitar inmediatamente apoyo especializado y proteger a compañeros y población.

En otras palabras: enseñarle qué hacer, pero también qué no hacer. Puede parecer una diferencia pequeña hasta que una patrulla encuentra un paquete sospechoso, un vehículo abandonado, un dron derribado o algún objeto aparentemente inofensivo en una zona donde opera la delincuencia organizada. Ahí, una mala decisión puede costar varias vidas.

Nuestro sistema de profesionalización policial permite perfectamente avanzar en esa dirección. El Programa Rector de Profesionalización (PRP) contempla la formación continua y establece la especialización precisamente para profundizar las capacidades del personal en funciones que se encuentran fuera de sus actividades cotidianas.

El problema entonces no es solamente normativo. Es anticipatorio. Las academias policiales tradicionalmente preparan a sus alumnos para detener personas, preservar lugares de intervención, hacer uso de la fuerza, conducir vehículos policiales, elaborar informes y responder a delitos convencionales. Todo ello sigue siendo indispensable. Pero la fenomenología criminal cambió.

El sentido común (que es el que comúnmente menos se usa) nos dice que: "Si cambió el adversario, debe cambiar la capacitación". La formación inicial policial debería incorporar, dentro de las competencias de primer respondiente, contenidos básicos sobre amenazas explosivas y artefactos explosivos improvisados. No para intervenirlos ni manipularlos, sino para reconocer riesgos, proteger la escena, establecer una respuesta inicial segura y saber cuándo retirarse y solicitar especialistas.

Después debe existir otro nivel. México necesita desarrollar y fortalecer unidades policiales especializadas capaces de trabajar coordinadamente con Defensa, Guardia Nacional, fiscalías y demás autoridades competentes en incidentes relacionados con explosivos. Ya existen experiencias que demuestran que esto es posible.

Michoacán, por ejemplo, cuenta con un Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos cuyos integrantes han recibido capacitación de agencias estadounidenses. Para mayo de 2025, las autoridades estatales reportaban que las acciones institucionales habían permitido asegurar más de cuatro mil artefactos explosivos improvisados, incluidos dispositivos destinados a ser lanzados desde drones. Chihuahua también tiene antecedentes importantes. Desde 2017 se formó allí un comando estatal especializado en neutralización de explosivos con apoyo de la ATF y otras instituciones estadounidenses. La cooperación binacional vuelve a ser particularmente relevante.

El pasado 14 de agosto, la ATF informó que su National Center for Explosives Training and Research (NCETR), en Huntsville Alabama (del cual soy orgullosamente graduado), recibió a 21 integrantes de instituciones mexicanas para un curso intensivo sobre investigación posterior a explosiones. Participaron miembros de corporaciones policiales, instituciones de procuración de justicia y personal militar mexicano.

La explicación de la agencia estadounidense resulta reveladora: señaló que las instituciones mexicanas enfrentan cada vez más incidentes relacionados con altos explosivos y ataques con granadas. La capacitación incluyó identificación de explosivos, reconocimiento de componentes de artefactos explosivos improvisados, análisis de explosiones y recolección de evidencia forense. Esa cooperación debería ampliarse.

México y Estados Unidos llevan décadas trabajando conjuntamente contra narcóticos, tráfico de armas, lavado de dinero y delincuencia organizada. Los explosivos necesitan convertirse también en una prioridad de cooperación técnica: investigación postexplosión, inteligencia sobre componentes y cadenas de suministro, intercambio de información, capacitación de instructores, desarrollo de unidades especializadas y fortalecimiento de capacidades forenses. Pero existe una condición indispensable. México no puede depender permanentemente de enviar pequeños grupos de policías al extranjero para adquirir estas capacidades. Necesitamos multiplicarlas dentro del país. Eso significa formar instructores nacionales, crear programas homologados, certificar competencias, establecer niveles diferenciados de capacitación para primer respondiente, investigadores y especialistas así como llevar esos conocimientos a las academias estatales y municipales.

El decomiso de Chihuahua debería entenderse, entonces, como algo más que un aseguramiento espectacular. Es información de inteligencia, nos está diciendo qué están adquiriendo los grupos criminales, qué capacidades están desarrollando y probablemente qué tipo de violencia debemos prepararnos para enfrentar. Durante muchos años medimos la capacidad de fuego de una organización criminal contando rifles, ametralladoras, cargadores y cartuchos, hoy esa fotografía está incompleta. Hay que contar también drones, sistemas de comunicación, inhibidores y explosivos. En operaciones recientes contra integrantes del CJNG en Michoacán, por ejemplo, las autoridades mexicanas aseguraron artefactos explosivos improvisados y un dron junto con armas de alto poder.

El arsenal criminal está evolucionando, eso indica que las instituciones policiales también tienen que hacerlo porque esperar a que una amenaza se vuelva cotidiana para comenzar a capacitar a nuestros policías es exactamente lo contrario de una política de prevención. Las academias policiales no pueden enseñar únicamente cómo enfrentar los delitos que conocimos ayer. Tienen que preparar a los policías para sobrevivir y responder profesionalmente a los que ya están apareciendo hoy.

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