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Toluca, Méx. La Secretaría de la Contraloría del Estado de México reportó que 37 mil 312 servidores públicos no presentaron su Declaración de Situación Patrimonial este 2025, lo que representa el 8% del total de funcionarios obligados a realizarla cada año.
Del universo de 495 mil 822 empleados con esta responsabilidad, sólo 458 mil 510 cumplieron, con lo que la entidad logró un cumplimiento de 92% de avance en el registro al cierre del periodo, informó la dependencia en respuesta a una solicitud de información.
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Cumplimiento de obligaciones
En el documento, se especifica que en los últimos años hay una fluctuación en el cumplimiento de la obligación: en 2022 se registró un 92.1 por ciento de declaraciones entregadas con 525 mil 796 de 570 mil 789 obligados.
Para 2023 aumentó a 96.2 por ciento el nivel de cumplimiento con 521 mil 389 de 541 mil 785 trabajadores de gobierno y en 2024 bajó a 94%, igual a 545 mil 261 de 579 mil 508 sujetos obligados.
Sanciones para funcionarios que no cumplan con su obligación
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios (LRAEMyM) establece sanciones para quienes no cumplan, considerándolo una falta administrativa no grave.
Las penalizaciones van desde amonestación hasta suspensión, destitución o inhabilitación temporal, según la gravedad del caso, por lo que se reitera a los funcionarios que deben cumplir con el procedimiento.
La normativa señala que deben presentar declaración quienes ingresan por primera vez al servicio público, reingresan después de 60 días naturales o concluyen su empleo sin reintegrarse en ese plazo.
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Tramite de la declaración patrimonial
Para llevar a cabo el trámite, la dependencia cuenta con el sistema Decl@ranet, plataforma electrónica que permite a los funcionarios presentar su Declaración de Situación Patrimonial, de Intereses o de Posible Conflicto de Intereses.
El trámite aplica para casos de ingreso, reingreso, modificación patrimonial, conclusión de funciones o actualización anual, con lo cual se da seguimiento a los ingresos de los servidores públicos para evitar casos de corrupción y fomentar la transparencia.
Las autoridades exhortan a los funcionarios en incumplimiento a regularizar su situación para evitar sanciones y garantizar la transparencia en la administración pública.
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