Toluca, Méx. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios incorporó a la Plataforma Digital Nacional, 270 registros de servidores públicos del Estado de México sancionados por faltas graves y 9 mil 517 por faltas no graves.
Radiografía de las sanciones por corrupción
Los registros por faltas graves comprenden un periodo de siete años, entre 2018 y 2025, según el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados e incluyen a trabajadores de distintas instancias de gobierno.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México es la institución con más registros de servidores públicos sancionados por la comisión de actos de corrupción en ese lapso, con 38 casos, que representan el 14.1 por ciento del total estatal. Le sigue el municipio de Cuautitlán Izcalli, con 31.
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Corrupción al descubierto en el EdoMéx: Cientos de servidores públicos sancionados y sus faltas registradas Foto: Archivo
Faltas graves en 2025: Un panorama reciente
En lo que va del año, 19 personas servidoras públicas han sido sancionadas por faltas graves, pertenecientes principalmente a los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Jilotzingo, Jaltenco, Zumpahuacán, Soyaniquilpan, Instituto Mexiquense del Emprendedor, Universidad Politécnica del Valle de México y de la FGJEM.
Entre los trabajadores sancionados hay policías, tesoreros, cajeros, y personal de diferentes áreas que cometieron, sobre todo, abuso de funciones o desacato y la mayoría de las sanciones son inhabilitación de seis meses a un año y multas económicas.
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Así son las faltas de los servidores públicos sancionados en el EdoMéx. Foto: Especial
Por otra parte, la Contraloría Interna Municipal de Nezahualcóyotl, informó mediante Información Pública de Oficio Mexiquense, que tan solo en el primer trimestre del 2025, se recibieron 28 denuncias contra servidores públicos adscritos al ayuntamiento.
La PDN, es una fuente de inteligencia administrada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción que con la cual se pretende que las autoridades encargadas de la lucha anticorrupción puedan tomar decisiones basadas en evidencia a partir de grandes cantidades de datos.
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