Toluca, Méx.- La comisión de Procuración y Administración de Justicia de la 62 Legislatura respaldó agravar la sanción por violencia ácida, estableciendo una pena de hasta 20 años de prisión y de 300 a 700 días multa cuando cause desfiguración permanente o la pérdida de un órgano.
El decreto también prevé aumentar la pena hasta en una mitad -para llegar a 30 años de prisión- cuando la persona agresora sea servidor público o se aproveche de una relación de parentesco, afectiva, laboral o de confianza con la víctima.
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Lo anterior contempla cuatro iniciativas impulsadas por la diputada Zaira Cedillo Silva y Nelly Rivera Sánchez de Morena, una del Grupo Parlamentario del PRD y una ciudadana presentada por la Fundación Carmen Sánchez MX y mujeres sobrevivientes de violencia química en México, acordando únicamente reformas para sancionar la violencia ácida contra mujeres, niñas y adolescentes como una forma agravada del delito de lesiones, más no como un delito independiente.
Seguramente vamos a tener pendientes, pero dentro de todo lo que hoy se está logrando se reconoce que se debe prestar atención médica inmediata y de forma prioritaria; conservar la evidencia clínica y biológica pertinente y notificar de manera inmediata al Ministerio Público del caso y proporcionarle información y elementos para el ejercicio de su función”.
Diputada Zaira Cedillo
Y agregó que las víctimas deberán recibir la reparación integral en términos de las disposiciones jurídicas aplicables que comprendan medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición; y se incluye el que se atiendan con cirugías reconstructivas, rehabilitación física y psicológica, con prótesis, tratamientos médicos especializados y de largo plazo; compensación por lucro cesante y cualquier otra medida para la recuperación integral de la víctima.
Si bien esto se considera como un avance, la activista y víctima de este tipo de violencia, Carmen Sánchez dejó claro que es necesario avanzar en reformar también la Ley de Víctimas y la Ley de Salud del Estado para que el estado les garantice servicios especializados en salud continua e integral, asistencia social, acceso a empleo digno y otras medidas que necesiten para su autonomía y proyecto de vida.
Otra modificación que la Fundación seguirá impulsando es que el Estado de México reconozca plenamente el concepto de violencia química y no sólo ácida, y que se tipifique como un delito independiente.
“Nuestra iniciativa no nació del escritorio, sino de las experiencias dolorosas que hemos vivido las mujeres sobrevivientes de esta violencia. La violencia química no termina el día del ataque, después de la agresión vienen las cirugías, tratamientos, rehabilitaciones y terapias, así como medicamentos costosos, también vienen las dificultades para trabajar o continuar con estudios, la discriminación y procesos jurídicos tardíos”, comentó.
En entrevista sostuvo que la fundación tiene documentados 53 casos de sobrevivientes de violencia química en el país, siendo el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala las entidades con mayores registros.
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