Toluca, Méx.- Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobaron regular el uso de drones en la comisión de delitos, estableciendo una pena máxima de 13 años de prisión ante su uso indebido.
Durante la reunión de la comisión, se puntualizó que la iniciativa fue fortalecida con aportaciones técnicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEM) para hacerla más viable.
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En este sentido, la reforma al Código Penal del Estado de México, presentada por la diputada Carmen de la Rosa Mendoza (Morena), establece en el artículo 166 Ter, fracción cuarta, que cuando un delito se cometa utilizando cualquier dispositivo de geolocalización, aeronave pilotada a distancia, sistemas de videovigilancia o medio de comunicación, mediante el cual se pueda realizar la captación, emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, medios de transmisión inalámbrica de ondas o señales electromagnéticas, medios ópticos, o cualquier medio físico, se le aumentará la pena hasta una tercera parte más de la que corresponda.
El artículo 166 Bis establecería que quien aseche, vigile, espié o proporcione información sobre las actividades que realice cualquier persona, con la finalidad de ocasionarle un daño, se le sancionará con una pena de 6 a 10 años de prisión y de 100 a 200 días de multa, por lo que, aplicando la regla anterior, la sanción podrá llegar hasta los 13 años y 4 meses de prisión.
Con lo respaldado en comisiones y su remisión al Pleno para ser sometido a votación, las y los legisladores buscan que los drones dejen de servir como una herramienta para asechar, vigilar o espiar a las personas y los bienes inmuebles o muebles para después cometer delitos.
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Dentro del robustecimiento que hizo la Fiscalía a la iniciativa, no solo se considera el uso indebido de drones, también de dispositivos de geolocalización y sistemas de videovigilancia, lo que es un gran avance para la seguridad de los mexiquenses”.
Carmen de la Rosa Mendoza. Diputada de Morena
En un segundo punto, la comisión aprobó dos iniciativas para fortalecer el aseguramiento de la pensión alimenticia, para este fin, se avaló reformas al Código Civil para disponer que el aseguramiento deberá decretarse por la autoridad judicial a fin de garantizar el cumplimiento oportuno y efectivo de la obligación; de igual forma se establece que el aseguramiento podrá consistir en la hipoteca, prenda, fianza, depósito, retención o descuento directo del ingreso o cualquier otra forma de garantía que sea suficiente para cubrir los alimentos de menores de edad.
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