Toluca, Méx.- La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la 62 Legislatura inició el análisis de la iniciativa promovida por la diputada Carmen de la Rosa Mendoza (Morena) para sancionar el uso de drones para cometer delitos como robo, despojo y abigeato.
Como parte del análisis, se indicó que la propuesta será presentada a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para que brinde aportaciones y se robustezca el planteamiento.
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La iniciativa busca reformar el Código Penal del Estado para incrementar las penas y las multas hasta en una mitad cuando se utilice aeronaves no tripuladas (drones) para vigilar, recabar información o planear actividades vinculadas con la comisión de delitos como robo, abigeato y despojo.

Actualmente, el Código Penal sanciona el delito de robo con hasta 12 años de prisión y 300 días multa; el de abigeato (robo de ganado de cualquier tipo), con hasta 12 años de prisión y de 50 a 300 días multa; mientras que el de despojo contempla penas de hasta 10 años de prisión y de 700 a mil días multa.
De aprobarse la propuesta, las sanciones por robo y abigeato se incrementarían hasta 18 años de prisión y 450 días multa; en tanto que el delito de despojo alcanzaría penas de hasta 15 años de prisión y hasta mil 500 días multa.
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“Creemos que premeditar con tecnología para dañar y cometer delitos, debe de enfrentar una penalidad y sanción mayor, puesto que las disposiciones legales firmes y contundentes mandan un mensaje claro a la sociedad; que la comisión de delitos con nuevas modalidades, con uso de tecnologías o vacíos legales no se toleran, por el contrario, se combaten, se investigan y se sancionan. También creemos firmemente que la justicia no puede quedarse atrás y por ello es necesario que el marco normativo deba estar ajustado a la realidad social”, señaló la diputada Carmen de la Rosa.
Como parte del estudio de la iniciativa, el PAN y el PVEM pidieron corregir la redacción del texto para no abrir la puerta a diversos juicios de amparo y establecer un artículo transitorio para obligar a la FGJEM a emitir un protocolo especializado para procesar los archivos de drones y usarlos como medio de prueba.
“La iniciativa se limita a tipificar el incremento de penas, pero omite regular cómo se acreditará el uso del dron en el proceso penal”, señaló la panista Emma Laura Álvarez Villavicencio.
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En este sentido, se informó que la propuesta se mantendrá en estudio para fortalecerla y dictaminar al respecto.
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