Toluca, Méx.- El Congreso del Estado de México avaló -por unanimidad- la ley “” en materia de investigación de delitos con perspectiva de género y negación de justicia por razones de género.

La ley fue impulsada por Irinea Buendía, madre de Mariana Lima víctima de feminicidio en 2010, en Chimalhuacán, y respaldada por la diputada Jennifer González López (Morena).

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Consiste en reformas de diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal para tipificar la negación de justicia y sancionar a los servidores que incurran en omisiones, errores, negligencias o que obstruyan la investigación y la justicia.

El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad la Ley Mariana Lima Buendía, marcando un precedente en la procuración de justicia del país. Foto Especial
El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad la Ley Mariana Lima Buendía, marcando un precedente en la procuración de justicia del país. Foto Especial

La reforma establece que la de Justicia del Estado deberá investigar con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio, incluido los suicidios y los accidentes.

Además, se sancionará a las personas servidoras públicas de procuración y administración de justicia que al investigar o sancionar delitos cometidos contra mujeres por razones de género incurran en actos de corrupción, omisiones, negligencias, o que obstruyan la investigación o la .

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Estas conductas serán castigadas con penas de 4 a 10 años de prisión, multas de 100 a 150 días, así como la destitución e inhabilitación correspondientes.

“Con esta ley ninguna muerte violenta de una mujer dejará de investigarse con perspectiva de género, la justicia no dependerá de la interpretación aislada, sino en un nuevo marco legal”, señaló la diputada González López.

La modificación al Código Penal busca proteger el derecho de las víctimas u ofendidos a la verdad, la justicia y la reparación del daño, cuando una persona servidora pública incurra en actos u omisiones que obstaculicen una investigación o la administración de .

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