Toluca, Méx.- Para evitar actos de discriminación contra personas de la comunidad sexogenérica, la diputada Miriam Silva Mata (PVEM) anunció que presentará una iniciativa para establecer sanciones de hasta 250 mil pesos a las empresas que incurran en estos actos.
La parlamentaria detalló que su proyecto propone que, cuando un comercio sea denunciado por discriminación y la autoridad confirme la conducta, se imponga la sanción económica referida, la cual es similar a la existente en la Ciudad de México.
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Ante integrantes de la Fundación Flor de Calle, Silva Mata explicó que también busca incorporar criterios para que las resoluciones por daño moral sean proporcionales a la capacidad económica de los establecimientos, particularmente cuando se trate de cadenas comerciales o empresas con alta solvencia, a fin de que las sanciones tengan un efecto ejemplar.
Además, detalló que su iniciativa deriva del caso de Paulette Slava Cárdenas Vergara, directora de la fundación Flor de Calle, mujer transexual que fue víctima de discriminación el 15 de abril de 2022, en los sanitarios de una cadena de cines en la Ciudad de México, pues personal del lugar le solicitó retirarse al afirmar que Paulette era hombre.
Tanto la diputada como Paulette Slava señalaron que, tras lo ocurrido, la activista presentó las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.
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Como resultado, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México emitió el 27 de abril de 2022 un pronunciamiento en el que determinó que la empresa incurrió en actos de discriminación por la conducta de su personal durante el incidente.
En este contexto, Miriam Silva señaló que estos casos evidencian que las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no han sido suficientes para evitar conductas discriminatorias y que los procedimientos judiciales suelen prolongarse mientras las víctimas continúan enfrentando las consecuencias.
Sostuvo que la justicia se alcanza cuando se restituyen los derechos de las personas afectadas y afirmó que escuchar casos reales permite identificar las reformas que requiere la legislación para evitar que más personas enfrenten actos de discriminación y revictimización.
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