Toluca, Méx. El Pleno de la 62 Legislatura dio cuenta de la recepción del Tercer Informe de Gestión del fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, donde refirió las acciones realizadas de abril de 2024 a marzo de 2025, con especial énfasis sobre la judicialización de 296 expedientes y la acción penal en contra de 580 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
El informe entregado a las y los diputados locales precisa que se llevaron a cabo acciones en contra de funcionarios de 46 ayuntamientos y refiere que los sujetos procesados ocupaban cargos de alcaldes, secretarios del ayuntamiento, directores o comisarios de seguridad pública, integrantes de cabildo y elementos de la Fiscalía.
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Los delitos por los cuales se ejercitó acción penal en contra de los 580 servidores públicos fueron:
Además de otros ilícitos, tales como: robo a lugar cerrado, lesiones, disparo de arma de fuego, contra la salud, daño en bienes, abuso de autoridad, cohecho, delitos cometidos por servidores públicos de la administración de justicia, falso testimonio, incumplimiento de obligaciones alimenticias, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas y uso de objeto o documento falso o alterado.
Con relación al Operativo “Enjambre”, informó que hasta marzo de este año, por su relación con diversos hechos delictivos de alto impacto se han investigado a servidores públicos de 17 municipios, lo que permitió la detención de 53 objetivos, de los cuales más de 30 eran servidores públicos.
Sobre el Operativo “Atarraya”, han sido intervenidas 817 barberías, antros, bares y “chelerías”, a través de acciones operativas realizadas entre diciembre y marzo.
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Durante el periodo que se informa, del total de inmuebles intervenidos a través de la Operación Atarraya, 443 continúan relacionados con diversas indagatorias, de estos, 374 permanecen asegurados, sin que algún interesado haya comparecido ante el Ministerio Público.
De igual manera, se reportó la reducción de delitos de alto impacto, mismos que presentaron una disminución del 5.66 por ciento, pues del 1 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024, se registraron 86 mil 661 ilícitos; mientras que en el mismo periodo del 2024 al 2025 hubo 81 mil 760; es decir, 4 mil 901 menos.
No obstante, el diputado morenista Octavio Martínez Vargas pidió la renuncia del fiscal Cervantes Martínez ante su incapacidad de dar resultados; mientras que la diputada Ana Yurixi Leyva anticipó que el Partido del Trabajo presentará una iniciativa para que el Fiscal esté obligado a presentar su informe no solo por escrito, sino con una comparecencia ante la Legislatura.
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