Cuautitlán, Méx. La señora Claudia Monterroso busca impedir la extinción de dominio de un local que rentaba y funcionaba como barbería en la colonia Lomas de Los Ángeles, en Cuautitlán Izcalli.
El establecimiento fue cerrado en febrero de este año, como parte del Operativo Atarraya que implementó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y teme perder su propiedad.
El 2 de abril fue citada a comparecer en los Juzgados Penales de Cuautitlán, sin embargo, no llegaron los funcionarios del ministerio público de la FGJEM.
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La mujer asegura que ya acreditó la propiedad del inmueble, sin embargo, no ha sido liberado y la Fiscalía mexiquense solicitó la extinción de dominio; es decir, que el predio pasaría a ser propiedad de la instancia investigadora, por lo que seguirá en lucha jurídica.
El 24 de abril fue citada de nuevo para una audiencia en la Torre II de los Juzgados de Cuautitlán.
La jueza coincide con nosotros de que hay irregularidades como que el domicilio no corresponde al que viene en la orden de cateo. Le dieron a la autoridad 25 días para que sigan con su investigación y digan por qué están asegurando el inmueble”, explicó el abogado Eduardo Ávalos González.
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Con la decisión de la autoridad judicial, Claudia Monterroso guarda la esperanza de recuperar el inmueble. Foto: Arturo Contreras
Con la decisión de la autoridad judicial, guardan la esperanza de recuperar el inmueble, a pesar de que la Fiscalía insistió en señalar que en el negocio se vendían drogas, lo cual, aseguró la propietaria, no es verdad y no ha sido probado por la instancia acusadora.
No han podido probar, porque no hay, no existe. No entendemos por qué no dan la devolución. Lo que nos preocupa es que siguen manifestando que van a hacer la extinción de dominio, que van a mantener el aseguramiento del inmueble”, dijo Ávalos González.
De igual forma, el abogado adelantó que procederán con la Fiscalía Anticorrupción para señalar irregularidades en el proceso que ha detectado, al tiempo de promover recursos de amparo y denunciar ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, al considerar que la FGJEM cometió un acto abusivo en contra de su representada.
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