Desde 2020, cuando se reformó la Carta Magna para reconocer el derecho al cuidado digno y el mandato de crear un Sistema Nacional de Cuidados, este tema se ha transformado en una exigencia pública.

Bajo el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez y el trabajo conjunto con el Congreso mexiquense, en marzo de 2025, el Estado de México dio un paso decisivo en el reconocimiento al derecho al cuidado digno, a través de una reforma al artículo 5º de la Constitución del Estado de México.

En esta reforma se incluye a las personas cuidadoras, "cuya labor es esencial para el bienestar colectivo, así como para el mantenimiento de la dinámica de trabajo y las fuerzas productivas". Así también, incorpora en el texto constitucional al Sistema de Cuidado del Estado de México, encargado de coordinar "la prestación de servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes, de calidad y ... políticas públicas de cuidados, en el ámbito estatal y municipal...".

En cumplimiento a esa disposición constitucional, la gobernadora Delfina Gómez presentó la iniciativa de Ley del Derecho al Cuidado Digno del Estado de México y sus Municipios la cual establece, precisamente, las bases para la creación del Sistema Integral de Cuidados.

La semana pasada las Comisiones Unidas del Congreso del Estado de México analizaron esta iniciativa enviada por la titular del Ejecutivo, la cual incorpora elementos innovadores que la colocan en el pequeño grupo de entidades que se encuentran legislando sobre este tema, como son los casos de Puebla, Morelos y Nuevo León, además de la Ciudad de México, Jalisco y, recientemente, San Luis Potosí, quienes ya han avanzado en la construcción de un sistema de cuidados.

La relevancia de la Ley del Derecho al Cuidado Digno del Estado de México y sus Municipios se entiende mejor a través de los datos que dan cuenta de la "feminización" de los trabajos de cuidados y el valor económico al que equivale el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

De acuerdo con datos del INEGI, alrededor de ocho millones de personas en el Estado de México requieren algún tipo de cuidado, mientras que cerca de cuatro millones realizan labores de cuidado no remunerado, de los cuales una abrumadora mayoría (el 75 por ciento) son mujeres.

Asimismo, las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, más del doble que los hombres, quienes destinan 18.2 horas.

La importancia económica de estas actividades es igualmente significativa; en 2023, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados representó el 26.3 por ciento del PIB nacional. El Estado de México aportó por sí solo el 12.4 por ciento del valor total generado por este trabajo en el país, ubicándose como la entidad con la mayor contribución nacional.

Ante este panorama, la iniciativa de Ley del Derecho al Cuidado Digno del Estado de México y sus Municipios propone articular desde un enfoque integral aquellas políticas públicas, infraestructura, programas, servicios y mecanismos de participación social que garanticen este derecho humano.

Destaca también que la iniciativa propone que el sistema de cuidados atienda de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, vulnerabilidad, ciclo vital, especialmente en la infancia y la vejez, y a quienes están a cargo de su cuidado sin que reciban remuneración alguna.

La iniciativa prevé la conformación de Sistemas Municipales de Cuidados, pues se reconoce que los municipios, al ser el ámbito de gobierno más cercano a la población, “serán corresponsables en la identificación de necesidades locales, el diseño de respuestas territoriales o regionales, la gestión directa de servicios y la promoción de redes de apoyo comunitario”.

Con este tipo de medidas, como una Ley del Derecho al Cuidado Digno del Estado de México y sus Municipios, se dan pasos en la dirección correcta para que dejemos de ver el cuidado no remunerado como una obligación de las mujeres en el ámbito privado, y se reconozca como un derecho humano y responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, la comunidad y el mercado.