El tercer informe de actividades de la Gobernadora Delfina Gómez llega con una combinación de avances que sería injusto soslayar y de retos que tampoco pueden seguir posponiéndose.

El Estado de México ha tenido resultados importantes en materia social y de seguridad, pero el siguiente paso debe ser convertir esos avances en una plataforma duradera de inversión, empleo, infraestructura y competitividad.

Hay un dato que por sí mismo merece atención: entre 2022 y 2024, la población en situación de pobreza en el Estado de México pasó de 7.4 a 5.5 millones de personas es decir, cerca de 1.9 millones de mexiquenses dejaron esa condición y la proporción de población en pobreza disminuyó de 42.9% a 31.2%.

La pobreza extrema, además, pasó de 6.0% a 3.7%, una reducción equivalente a aproximadamente 375 mil personas, son cifras que provienen de la medición de pobreza multidimensional del INEGI.

A esto se suma una política social de considerable magnitud, el gobierno estatal reporta 55 mil millones de pesos destinados durante la administración a programas y apoyos para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, niños jóvenes y otros grupos vulnerables, tan sólo el programa Mujeres con Bienestar atiende actualmente a 700 mil mujeres.

El balance social, por tanto, tiene elementos concretos, hay acciones emprendidas en desarrollo de infraestructura que aun cuando distan de resolver la realidad que vive el Estado de México muestran disposición en la materia, situación que es similar para el caso de la seguridad donde se han realizado acciones para atenuar los delitos de alto impacto y los del fuero común.

Pero reconocer estos avances no significa concluir que los problemas están resueltos.

El propio diagnóstico federal señala que persisten necesidades importantes en numerosas zonas del Estado de México: desde pavimentación, banquetas y alumbrado hasta infraestructura de salud, movilidad, agua y drenaje.

Y ahí aparece el gran desafío de la segunda mitad de la administración: pasar de la atención de las necesidades sociales a la construcción de condiciones estructurales para el desarrollo.

El Estado de México tiene prácticamente todos los ingredientes para ser uno de los grandes motores económicos del país: más de 17 millones de habitantes, una enorme fuerza laboral, cercanía con el principal mercado de consumo nacional, conexión con la Ciudad de México, el AIFA, una importante infraestructura industrial y logística y una posición privilegiada dentro de los corredores económicos del centro del país.

Esa ventaja potencial todavía no se refleja plenamente en los indicadores de competitividad.

El Índice de Competitividad Estatal 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad coloca al Estado de México en el lugar 19 de 32 entidades. Es decir, está por debajo de la mitad de los estados evaluados.

El dato merece una lectura más profunda porque no se trata de una sola debilidad.

Aquí es donde la discusión sobre competitividad deja de ser un asunto abstracto y se vuelve una cuestión cotidiana para quien quiere invertir.

El Estado de México necesita una mayor coordinación entre sus regiones y municipios, persisten diferencias en criterios, procesos y condiciones para desarrollar proyectos; para una empresa, esa dispersión puede traducirse en tiempos, costos e incertidumbre. La llegada de una inversión no depende únicamente de que exista un terreno disponible o de ofrecer un incentivo fiscal: requiere certeza sobre uso de suelo, permisos, agua, energía, movilidad, seguridad, infraestructura, conectividad y servicios.

La entidad necesita que esos elementos formen parte de una planeación integral y de largo plazo, no de respuestas aisladas municipio por municipio.

La propia Ley de Planeación estatal plantea que el desarrollo debe articularse entre los ámbitos federal, estatal y municipal, y que los programas regionales deben armonizar el desarrollo de las distintas regiones e integrar las actividades productivas.

El reto, entonces, no es necesariamente crear más instrumentos, sino lograr que los existentes funcionen de manera coordinada y predecible.

Desde la administración Federal se han establecidos grandes proyectos de desarrollo en los que estamos incluidos por lo que hoy la pregunta es qué tan preparado está para aprovecharlos.

Porque una nueva carretera, un tren, un aeropuerto o una obra hidráulica no generan por sí mismos todo su potencial económico. Necesitan alrededor parques industriales, centros de distribución, proveedores, talento, vivienda, servicios, energía, agua, seguridad y reglas claras.

El propio IMCO recomienda para el Estado de México desarrollar infraestructura complementaria alrededor de su capacidad logística y construir planes regionales de infraestructura con visión de largo plazo. También plantea ventanillas únicas para inversionistas y una mayor coordinación de los cuerpos de seguridad en nodos logísticos.

Ahí está buena parte de la agenda que debe acompañar al tercer informe.

El Estado de México no necesita escoger entre bienestar social y crecimiento económico. Necesita hacer que ambos se refuercen.

Los programas sociales pueden ayudar a reducir carencias; la inversión productiva puede generar empleos y mejores ingresos; la infraestructura puede elevar la productividad; la seguridad puede reducir los costos de operar; y una regulación clara puede acelerar las decisiones de inversión.

El sector productivo siempre ha estado abierto a colaborar, a brindar soluciones y a construir proyectos en conjunto.

La empresa necesita un gobierno fuerte, pero también un gobierno que escuche; un gobierno que establezca reglas claras, coordine a las distintas autoridades y permita que la iniciativa privada haga lo que mejor sabe hacer: invertir, innovar, producir, contratar y generar oportunidades.

El tercer informe puede ser leído como un balance de lo realizado. Pero también debería servir como punto de partida para definir lo que sigue.

Porque un Estado de México más competitivo no beneficia únicamente a los empresarios: beneficia a quien busca empleo, a quien quiere emprender, a quien necesita mejores servicios y, en última instancia, a todas las familias mexiquenses.

Nos leemos la siguiente

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