El 10 de mayo suele llenarse de flores, restaurantes abarrotados y mensajes de gratitud. Pero en México, desde hace años, también carga otro significado, más áspero y doloroso. Es el día en que miles de mujeres recuerdan que no saben dónde están sus hijos. El día en que las madres buscadoras salen otra vez a las calles, a los cerros, a las fosas clandestinas y a las oficinas públicas para exigir algo elemental: verdad.

Desde 2019, más de 25 mil 111 madres mexicanas iniciaron la búsqueda de sus hijos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo Federal. La cifra, por sí sola, resulta devastadora. No se trata únicamente de expedientes o carpetas de investigación. Son mujeres que dejaron trabajos, rutinas, familia y proyectos personales para convertirse en investigadoras, rastreadoras, peritas improvisadas y, muchas veces, hasta en su propia autoridad. Y es que la ausencia del Estado las empujó a hacer lo que las instituciones no pudieron o no quisieron hacer.

En el Estado de México, el panorama tampoco admite maquillajes. Datos recientes ubican a la entidad como la que concentra más personas desaparecidas y no localizadas en el país, con más de 14 mil 600 casos vigentes. Detrás de esa estadística hay madres que recorren municipios enteros pegando fichas de búsqueda, visitando hospitales, cárceles y anfiteatros. Muchas lo hacen solas. Otras integradas en colectivos que sobreviven gracias a la solidaridad y no precisamente al respaldo gubernamental.

La verdad es que el fenómeno ha crecido año con año mientras las respuestas oficiales siguen atrapadas entre discursos, promesas y burocracia. Cambian los gobiernos, los partidos y los slogans, pero permanece la sensación de abandono.

Peor todavía: en distintos estados del país, madres buscadoras han sido amenazadas o asesinadas. Buscar a un hijo en México se convirtió también en una actividad de alto riesgo.

El drama duele más porque ocurre frente a todos. Mientras una parte del país celebra, otra marcha sosteniendo fotografías bajo el sol. No piden privilegios. Piden que alguien les ayude a encontrar a quienes faltan. Piden que las fiscalías investiguen, que las bases de datos funcionen, que no tengan que cavar con sus propias manos.

Quizá lo más duro es entender que muchas de estas madres ya no esperan justicia completa. Algunas sólo desean recuperar un hueso, una prenda, una señal mínima que permita cerrar años de incertidumbre.

Ese nivel de resignación retrata con crudeza el tamaño de la tragedia nacional. Y mientras eso ocurre, el país parece acostumbrarse lentamente a convivir con las desapariciones. Ahí está el mayor fracaso institucional: normalizar el horror. Porque cuando una madre debe organizar brigadas, pedir protección y excavar la tierra para hallar a su hijo, el Estado llegó demasiado tarde.

La última trinchera

El colmo de esta tragedia que se ha extendido a lo largo y ancho de nuestra tierra, aparece cuando las madres buscadoras se vuelven blanco de la delincuencia organizadas o de los mismos grupos que desaparecieron a sus hijos.

Es tal el abandono y la violencia se ha institucionalizado a tal grado, que la búsqueda y la denuncia de las madres se convierte en una afrenta que los delincuentes reaccionan con agresiones y venganza que, frecuentemente, termina en más muerte. Y nadie hace nada para frenarlos.

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