Hay cifras que deberían estremecer a cualquier gobierno. Más de cinco mil 100 fosas clandestinas documentadas en México entre 2006 y 2024 no son una cifra más: evidencian una crisis que ha atravesado sexenios y partidos. El fenómeno no responde a hechos aislados, sino a una omisión y negligencia sistemáticas que han convertido la violencia en paisaje.

Cuando se presentó la primera edición de este diagnóstico, en 2015, el país registraba entre 25 mil y 30 mil personas desaparecidas. Había menos colectivos de búsqueda y no existía una Ley General en la materia. Hoy existe esa legislación, hay instituciones especializadas y mecanismos de búsqueda e investigación. Sin embargo, la cifra ronda ya las 135 mil personas desaparecidas.

Los datos del periodo 2006-2024 son difíciles de maquillar. Durante el sexenio de Felipe Calderón se documentaron 524 fosas; con Enrique Peña Nieto fueron mil 336, y entre 2018 y 2024, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se registraron 3 mil 292. El salto es demoledor.

Además, todas las entidades federativas han reportado hallazgos. Guerrero, Veracruz, Sonora, Guanajuato y Jalisco aparecen entre los estados con mayores registros. Acapulco acumula 189 fosas; Tecomán, 184; Hermosillo, 110; Veracruz, 101, y Juárez, 96. Estos cinco municipios concentran 19% de los hallazgos nacionales. Y las fosas no están sólo en lugares remotos: se han localizado en predios, inmuebles, caminos, parques, mercados, escuelas y negocios.

Hay otro dato que debería provocar una revisión institucional inmediata. Al contrastar información de fiscalías y medios, las primeras registran 46% más hallazgos de fosas, pero la prensa reporta más cuerpos. En entidades como Guerrero, Guanajuato, Sinaloa, Morelos y Jalisco, incluso los medios han documentado más fosas que las fiscalías locales. Esa discrepancia evidencia la fragilidad del registro oficial.

El problema no es sólo cuántas fosas existen, sino cuántas personas siguen sin nombre y sin justicia.

Las madres y padres buscadores siguen haciendo el trabajo que el Estado no termina de hacer. Caminan cerros, revisan terrenos, siguen pistas y enfrentan incertidumbre. Se acumulan denuncias y expedientes. Cambian los funcionarios, pero permanece en dolor y la indiferencia oficial.

México no necesita otro discurso de indignación. Necesita resultados: búsqueda efectiva, investigación, identificación forense, coordinación institucional, registros transparentes y protección para quienes buscan.

Cada fosa contiene una historia y muchas familias que esperan respuestas. Ignorarla también es violencia. Un país que permite que sus desaparecidos sean enterrados en el silencio termina normalizando la barbarie. Y esa es una deuda que ningún cambio de administración, color o partido puede sepultar.

La última trinchera

En el Estado de México, las madres y familiares de personas desaparecidas siguen cargando sobre sus hombros una tarea que debería corresponder principalmente a las instituciones: buscar. Bajo la consigna de que "no pueden ver un cerro o un terreno baldío sin pensar que ahí puede haber alguien esperando que lo saquen", recorren zonas de riesgo, impulsan cateos, rastrean sábanas de llamadas telefónicas y presionan a los ministerios públicos para avanzar en las investigaciones. La problemática se agrava cuando las autoridades obstaculizan el acceso a propiedades privadas donde existen sospechas de que podrían encontrarse restos humanos.

A esto se suma la desconfianza generada por las contradicciones entre los reportes oficiales de la Fiscalía mexiquense sobre fosas localizadas y los registros obtenidos mediante el monitoreo de colectivos vecinales y medios de comunicación. Esa discrepancia no es un asunto menor: pone en duda la capacidad institucional para dimensionar el fenómeno y, sobre todo, para investigar con rigor cada posible sitio de inhumación clandestina.

Cuando las familias deben insistir, documentar y confrontar para conseguir que una denuncia avance, la búsqueda de justicia termina dependiendo más de la perseverancia de las víctimas que de una respuesta eficaz del Estado, señala el reporte de las buscadoras.

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