Continúa la consulta dirigida a la comunidad universitaria para recoger opiniones y propuestas orientadas a mejorar el Anteproyecto de Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).
Desde este espacio, como parte de la comunidad académica, he tratado de explorar aquello que puede traslucir ese documento, haciendo un ejercicio de búsqueda de signos lingüísticos incluidos en el texto. Desde el campo de la comunicación entendemos que los signos suelen estar en lugar de algo, siempre de otra cosa que no siempre se alcanza a comprender en una primera lectura.
El Anteproyecto consta de 43 páginas, incluida la portada. La propuesta de Ley dispone de siete títulos, desglosados en 28 capítulos, 186 Artículos, más 20 transitorios. Dicha estructura trasluce que se trata de una institución amplia, diversa y compleja para su conducción. Ante semejante extensión normativa, podríamos dejar de ver el bosque que representa la institución pública estatal más longeva y trascendente del Estado de México.
Si tomamos con base las tres funciones sustantivas que desarrolla la máxima casa de estudios, así como un conjunto de expresiones ligadas al quehacer de esta institución, podríamos observar un panorama por demás interesante que no siempre se puede apreciar.
Fuente: elaboración propia con base en el Anteproyecto de Ley de la UAEMéx, 2026.
Si los textos jurídicos constituyen una radiografía de las prioridades institucionales, la propuesta de Ley ofrece una imagen que invita a la reflexión. La investigación domina con amplitud el conjunto de las funciones sustantivas, pero el financiamiento, condición indispensable para que ésta exista, apenas aparece dos veces. Algo semejante ocurre con la ciencia abierta, la libertad académica o la generación del conocimiento, cuya presencia resulta sorprendentemente marginal. Dicho de otro modo: el documento parece describir con mayor claridad los fines que los medios para alcanzarlos.
Una lectura semejante emerge cuando se observan los actores institucionales. El personal académico es el sujeto más mencionado del anteproyecto, por encima incluso del alumnado y de las autoridades universitarias. Sin embargo, la sola frecuencia de un actor no garantiza el fortalecimiento de sus condiciones de trabajo, de investigación o de desarrollo profesional. Las palabras cuentan, pero las políticas universitarias terminan siendo evaluadas por los recursos, las garantías y los incentivos que logran materializar.
Precisamente porque el Anteproyecto de Ley se encuentra en un proceso de consulta abierta, estas primeras observaciones no buscan clausurar el debate, sino contribuir a él. Desde esa perspectiva, convendría que la comunidad universitaria se detuviera a reflexionar, entre otras cuestiones, sobre las siguientes interrogantes: ¿Por qué la investigación aparece ocho veces más que la docencia? ¿Por qué el financiamiento ocupa un lugar tan discreto en un proyecto que aspira a fortalecer la investigación? ¿Qué idea de universidad parece privilegiar dicho texto?
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