La exigencia planteada por el gobierno de la alcaldesa Juana Carrillo para concretar la entrega administrativa del pueblo de San Mateo Ixtacalco saca a la luz las graves inconsistencias burocráticas que postergan la certeza jurídica de miles de mexiquenses. Resulta inadmisible que, a cinco años del decreto emitido por el Congreso local para unificar a la comunidad, la indefinición operativa y la falta de coordinación entre Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli mantengan a más de diez mil habitantes en un limbo de servicios públicos y cartografía electoral. La disposición al diálogo y el tono pacífico que ha buscado la actual administración no deben ser pretexto para el inmovilismo institucional ni para la omisión de responsabilidades. Al final, más allá de las fronteras políticas o las afinidades partidistas, la prioridad absoluta debe ser garantizar la paz social, la seguridad y la correcta atención de las necesidades básicas de una población fatigada por la tramitología.
Juana Carrillo Luna Foto: Especial
El reto de transformar los créditos en competitividad real
La reactivación del Programa de Créditos para el Sector Calzado, destacado por la gobernadora Delfina Gómez, representa un alivio financiero para el Estado de México, pero dista de ser la solución definitiva para una industria fuertemente golpeada por el abandono institucional y la competencia desleal. Aunque disponer de bolsas con tasas preferenciales orientadas a municipios emblemáticos como San Mateo Atenco e incentivar la inclusión laboral son pasos en la dirección correcta, la inyección de capital resulta insuficiente si no viene acompañada de una política integral que combata el contrabando y la importación de calzado a bajo costo que ahoga al productor local. La coordinación con la Federación no debe quedarse en la entrega de apoyos crediticios que comprometan la liquidez de los talleres familiares, sino traducirse en certidumbre de mercado y modernización tecnológica de fondo. De lo contrario, el discurso del rescate a los sectores olvidados corre el riesgo de diluirse en meros paliativos ante la vertiginosa realidad económica que enfrenta el gremio mexiquense.
Delfina Gómez Álvarez. Foto especial
Certeza democrática y trabajo arbitral
El registro de 74 quejas y denuncias ante el IEEM refleja una intensa dinámica política en la entidad, pero sobre todo resalta el valor de contar con un árbitro electoral oportuno y comprometido con la legalidad. Frente a señalamientos de actos anticipados de campaña y violencia de género, la labor del instituto resulta fundamental para brindar tranquilidad a la ciudadanía y asegurar que todos los actores conduzcan su actuar con apego a las normas. La revisión minuciosa que ha permitido desechar denuncias sin sustento y turnar con celeridad los casos procedentes al TEEM demuestra la responsabilidad técnica y la imparcialidad con la que se desahoga cada expediente. Este esfuerzo institucional no solo protege el debido proceso de las partes involucradas, sino que fomenta una cultura de denuncias fundamentadas y respetuosas. En última instancia, el trabajo coordinado entre las autoridades electorales fortalece la confianza ciudadana y consolida la madurez democrática que merece el Estado de México.
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