La transparencia de los gobiernos y órganos autónomos es un bien jurídico que sirve a toda la sociedad, pues permite observar lo que ocurre al interior de una institución. A su vez el derecho a la información abona a la participación ciudadana, pues permite el involucramiento en asuntos públicos.
Por ello, es obligación de todas las autoridades no sólo cumplir con los mínimos que establece la Ley, sino incentivar que la transparencia y el derecho a la información formen parte de la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas.
En este contexto, hay una realidad que no podemos obviar, ni omitir, el derecho a la información y la transparencia gubernamental siguen sin normalizarse en toda la sociedad. Existe sí un interés ciudadano de cómo se ejercen los recursos públicos y trabajan las autoridades, sin embargo, sólo son ciertos sectores de la sociedad quienes de manera activa ejercen el derecho a la información.
Un ejemplo se advierte en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), donde de 2018 a lo que va de 2026 se han recibido 11 mil 233 solicitudes de información pública, las cuales fueron presentadas por ciudadanos y ciudadanas interesadas en conocer distintas actividades y gastos de este órgano electoral.
Dicha cifra equivale a que cada año se presentaron mil 248 peticiones de información, pero si comparamos el total de solicitudes con la lista nominal de electores de la entidad, que asciende a 13 millones 377 mil 608 personas, no representan ni el cero por ciento. Incluso considerando que cada solicitud haya sido presentada por una persona, pues en ocasiones un mismo ciudadano o ciudadana es quien presenta varias peticiones.
Hace más de 20 años se aprobó la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México. Esta legislación ha ido evolucionando, pues de órganos autónomos que garantizaban el derecho a la información, ahora se pasó a un modelo donde las mismas autoridades serán quienes resuelvan inconformidades de la ciudadanía, cuando se les niegue información pública.
En esta nueva era, como en la anterior, la transparencia y el derecho a la información deben aumentar y fortalecerse, por lo cual debemos reconocer que desde el ámbito de los órganos electorales estamos doblemente obligados a promover la apertura de datos públicos.
No es una concesión, ni una prerrogativa que se le otorga al ciudadano o ciudadana, es un derecho humano que debe ejercer en un entorno democrático. No hacerlo implica renunciar a una forma de participación ciudadana.
Hoy en el IEEM contamos con un nuevo Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que será clave para la gestión de las solicitudes, pues delimita las funciones de la Unidad y el Comité de Transparencia, además de la Contraloría General, quien resolverá las inconformidades de la ciudadanía en esta materia.
Sin embargo, como instituto electoral es momento para preguntarnos qué hemos hecho en los últimos años para que la ciudadanía se interese en revisar la información que publicamos en nuestro portal de Transparencia, así como en presentar solicitudes de información.
Y debemos reflexionar sobre cómo hemos atendido las peticiones de información, qué trámite y respuestas hemos otorgado a los y las peticionarias, así como el grado de satisfacción ciudadana, el cual no puede remitirse sólo al número de recursos de revisión o inconformidades presentadas, pues lo fundamental no es litigar la información, sino obtenerla.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex
