Blindar a las elecciones del crimen organizado es una constante preocupación de gobiernos, institutos electorales y partidos políticos, pues el dinero sucio pervierte a nuestro sistema político-electoral.
La reciente reforma aprobada a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que el INE cuente con una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas es una respuesta más a la necesidad de evitar que grupos delictivos o aspirantes de dudosa trayectoria accedan al poder público.
A iniciativa de la Presidencia de la República, esta reforma, que será aplicable a partir de los comicios federales y locales de 2027, plantea que dicha comisión recibirá de los partidos políticos o de quienes aspiren a una candidatura independiente, las listas de personas que pretendan postular a un cargo de elección popular, ya sea federal o local.
La entrega de esta información podrá ser total o parcial, previo al registro ante los órganos electorales, y será de manera voluntaria por parte de los partidos políticos o aspirantes a candidaturas independientes.
A su vez, los partidos políticos establecerán mecanismos para que los y las aspirantes acepten que su perfil sea objeto de una revisión.
Una vez recibida la información, la citada comisión del INE la enviará a instancias como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Estas instituciones, respecto de los perfiles consultados, determinarán la existencia o no de un riesgo razonable, lo cual será notificado a los partidos políticos o aspirantes independientes.
Tras estas tareas de la Comisión de Verificación, la cual estará integrada por tres consejeras o consejeros del INE, corresponderá a los partidos políticos definir a quienes registrarán como candidatos y candidatas ante los órganos electorales, es decir, deberán valorar la información que reciban de las citadas instancias.
Además, de encontrarse información relevante, estas instituciones podrán continuar con las investigaciones.
El nuevo esquema planteado para revisar candidaturas responde a la obligación de dar certeza a los y las electores sobre quiénes son postulados y acceden al poder público, sin duda es un mecanismo que genera mayor claridad sobre quienes nos gobernarán.
No obstante, debe quedar claro que la obligación de verificar las candidaturas siempre ha correspondido a los partidos políticos y no pueden delegar esta función en los órganos electorales.
Los partidos políticos son quienes conocen, con mayor cercanía, los entornos sociales, la geografía y tienen antecedentes históricos de cada región, por lo cual tienen más elementos al momento de postular a un candidato o candidata.
Ahora tendrán otra herramienta con la nueva comisión del INE, y la coordinación que habrá con autoridades de seguridad, justicia y financieras, sin embargo, seguirá siendo un área de oportunidad el transparentar, en todo momento, el origen de los recursos empleados en sus campañas electorales.
Otra tarea pendiente será que los perfiles revisados no sean contaminados durante las campañas electorales o en el ejercicio de su gobierno por el propio entorno, donde pueden prevalecer grupos delictivos o condiciones que tiendan a la corrupción, por ello debe quedar claro que el análisis de perfiles de aspirantes es sólo el inicio para sanear a nuestro sistema político-electoral.
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