Un nuevo paquete de reformas en materia electoral han sido aprobadas frente a la enorme presión de los plazos constitucionales que prohíbe cualquier reforma trascendental, con algo más de 90 días antes del proceso electoral, calculado para la primera semana de septiembre. Como ya ha sido costumbre durante el sexenio, la mayoría parlamentaria de Morena impulsa las decisiones presidenciales contra todo resabio de consulta a expertos o negociación con la oposición. La mayoría ejerce el poder que le dieron las urnas en 2024, sin ataduras ni previsiones, para el partido en el poder, las elecciones más importantes son las inmediatas, eso explica porqué la reforma dejó muchos huecos que especialistas y académicos advierten en las múltiples colaboraciones editoriales y columnas políticas que cuestionan la misma.
Como ya lo he escrito antes en este mismo espacio, el momento mexicano es muy distinto al del denominado “triunvirato” cuando PRI, PAN y PRD se distribuían entre el 80% y 90% de los votos durante los 90s y la primera década del siglo 21, ese modelo fracasó estrepitosamente entre el 2015 y el 2017. La irrupción de Morena en el ámbito electoral puso en evidencia las enormes fragilidades del triunvirato que estuvo más preocupado por hacer negocios que por generar desarrollo social. Los cambios en el mundo se sucedían vertiginosamente y nuestras élites políticas nunca lo entendieron ni se adaptaron, las consecuencias están a la vista.
El ciclo de reformas iniciado por AMLO ha puesto de manifiesto que pasamos de una democracia consensual a una de corte popular sostenida por una mayoría que votó el cambio de régimen en el año 2018, toda la bibliografía especializada se pone en duda frente a las tesis del gobierno; pasamos del gobierno de los expertos al de la voluntad mayoritaria del pueblo. En la narrativa institucional, se trata de separar el poder político del poder económico. El pueblo contra las élites pues. Es en esa narrativa donde el gobierno se siente cómodo y mientras goce del apoyo popular traducido en votos, no va a cambiar, al igual que muchos, pienso que muchas reformas aprobadas esta semana, sobran y hago propia la preocupación de Zepeda Patterson “La idea de anular elecciones por injerencias externas que serán calificadas por quien no quiere perder”. Son tan sólo diez palabras (Se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.) que dejan mucho a la interpretación y alientan la malquerencia al gobierno en turno, como diría el célebre Juan Gabriel; “pero qué necesidad”. Ya el artículo 33 de nuestra Constitución, establece “Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.” La propia Ley de Partidos en su artículo 25 y 54 también prohíben la intervención extranjera. Convertirlo en una nueva causa de nulidad sin un andamiaje institucional, debidamente construido será una tentación para las corrientes autoritarias que conviven con el progresismo dentro de Morena.
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