La reforma que exige nacionalidad mexicana única para gobernar el país, los estados y la capital no es, por sí misma, una medida de gran alcance. Su relevancia está en el momento en que se aprueba y en el discurso que la acompaña.
En menos de un mes coincidieron cuatro hechos: el Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, la aprobación de la reforma en ambas cámaras, nuevas declaraciones del embajador de Estados Unidos y la reaparición de Andrés Manuel López Obrador con un libro sobre la historia política del país. Leída de forma aislada, la reforma es un ajuste de requisitos de elegibilidad. Al analizar el contexto en conjunto, es una pieza central de una política de Estado que coloca la soberanía en el centro de la agenda pública, y es en ese plano donde conviene no perder de vista el peso del discurso.
La reforma en estricto sentido es una restricción que aplica a tres cargos ejecutivos: la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. No alcanza a diputaciones, senadurías ni ayuntamientos, y no elimina la doble nacionalidad para el resto de los mexicanos.
Quien aspire a esos cargos deberá ser mexicano por nacimiento y renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidato. Ya en funciones, no podrá adquirir otra nacionalidad, usar pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos en otro país ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado.
La presidenta convirtió la reforma en uno de los temas centrales de su rendición de cuentas. Llegó al Segundo Informe, el 1 de septiembre, con la iniciativa ya presentada, y cerró la gira nacional "Honestidad y Resultados" el domingo 27 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde pidió al Senado aprobarla. En ese acto afirmó que los mexicanos no quieren injerencias, intervencionismo ni violaciones en el territorio, y reiteró su intención de sancionar con severidad a agentes extranjeros que actúen en el país sin autorización.
La fórmula que resume su posición es conocida: colaboración sí, subordinación no. El gobierno distingue entre la inversión extranjera, que considera bienvenida dentro de la ley, y cualquier influencia externa en la vida política nacional, que rechaza. La reforma de nacionalidad es la traducción constitucional de esa línea.
El planteamiento tiene coherencia, pero también un efecto interno que no debe pasarse por alto. Al vincular la reforma con la defensa de la patria, el gobierno colocó a la oposición en un contexto en donde pareciera que defiende presidentes con dos lealtades. Esa forma de plantear el debate reduce el espacio para discutir lo que sí está en juego: la calidad de las instituciones mexicanas para investigar y sancionar a sus propios funcionarios.
El embajador Ronald Johnson respondió con el mismo vocabulario, pero con otro contenido. El 23 de septiembre, ante empresarios de la American Society of Mexico, afirmó que Estados Unidos quiere un México soberano, libre de interferencias externas maliciosas y también del control que ejercen los cárteles sobre comunidades enteras. Dijo que Washington coopera no como intervencionista, sino como buen vecino.
Para el gobierno mexicano, la amenaza a la soberanía es la presión externa. Para el embajador, la amenaza principal es interna: la colusión entre autoridades y el crimen organizado. Ambas lecturas tienen sustento parcial, y ninguna es suficiente por sí sola.
Por si fuera poco, el 30 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador reapareció con un video grabado para presentar “Pueblo”, su nuevo libro. La obra repasa cerca de dos siglos de historia política de México.
En su mensaje dedicó un espacio relevante a la relación con Estados Unidos. Afirmó que solo dos presidentes estadounidenses, Abraham Lincoln y Franklin D. Roosevelt, tuvieron un trato favorable hacia México, lo que implica una valoración mayoritariamente adversa del resto de la política exterior de ese país hacia el nuestro. Atribuyó la crisis de consumo de drogas en Estados Unidos a la desintegración familiar y a la primacía de lo material, y anunció un próximo libro dirigido a ese país, donde, señaló, viven 40 millones de mexicanos.
La coincidencia de calendario merece atención. La presentación ocurrió un día después de que The New York Times informará que dos agencias estadounidenses analizan señalamientos contra su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, por presuntos vínculos con el crimen organizado y el huachicol fiscal.
La intervención del expresidente refuerza el marco que sostiene la reforma: una historia nacional en la que la presión estadounidense ha sido constante y la defensa de la soberanía, una tarea permanente. Ese marco tiene sustento histórico. El riesgo es que se utilice para interpretar cualquier señalamiento actual como injerencia, con independencia de su fundamento, y que la memoria histórica sustituya a la rendición de cuentas.
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