La gobernabilidad no se mide por la firmeza con la que un mandatario preserva el poder, sino por la capacidad de las instituciones para salvaguardar a las personas.

Cuando las cúpulas del poder se fracturan, el verdadero impacto recae sobre la vida diaria de familias y comunidades que son testigos del vaivén político en su territorio. Hoy, el debate político sobre la conducción de las entidades federativas exige trascender la disputa partidista para colocar la garantía de derechos de la ciudadanía como el real centro de la deliberación pública.

Para comprender la magnitud del reto institucional actual, resulta indispensable analizar y recordar las lecciones del estado de Puebla frente a la crisis de Sinaloa.

En la historia reciente de Puebla que estuvo marcada por ausencias intempestivas con motivo de los fallecimientos de Martha Erika Alonso y Miguel Barbosa, pese a la sacudida política, la entidad encauzó las alternancias y designaciones de interinatos y gubernaturas sustitutas respetando el marco constitucional local. Aunque existió tensión, la sucesión respondió a un protocolo administrativo ante la pérdida humana, permitiendo que la burocracia estatal mantuviera operatividad y contención comunitaria.

En Sinaloa, el vaciamiento institucional no proviene de un hecho fortuito, sino del paulatino desgaste ético y legal. El señalamiento y las investigaciones sobre el gobernador Rubén Rocha Moya no representan una simple crisis de gabinete, sino una herida profunda a la confianza pública.

La ciudadanía sinaloense no solo padece el desgobierno y la violencia en las calles; sufre la afrenta de saber que las riendas del Estado están bajo sospecha judicial. Mientras Puebla resolvió el vacío para dar certeza, Sinaloa vive el vacío en vida: una parálisis institucional donde la población queda desprotegida.

Ante la gravedad del escenario, surge en la discusión pública la figura constitucional de la desaparición de poderes y la participación del Senado de la República al desplegar su facultad exclusiva de declarar tal desaparición. Para activarse, se requiere que la solicitud sea formulada por senadores, diputados federales o ciudadanos de la entidad. Una vez hecha la declaratoria, la Presidencia de la República envía una terna al Senado para que, con el voto de dos terceras partes, se nombre a un gobernador provisional, quien a su vez deberá convocar a elecciones.

Declarar la desaparición de poderes es el recurso legal más severo en el federalismo mexicano. Sus implicaciones directas son:

• La implicación de disolver no solo al Ejecutivo, sino también al Congreso local y al Tribunal Superior de Justicia de la entidad.
• Provoca un periodo de alta vulnerabilidad operativa, administrativa y presupuestal.
• Centraliza las decisiones en los poderes de la Unión, alejando la toma de decisiones del contexto local.

La desaparición de poderes es un remedio de contención, no de sanación. Eliminar las cabezas visibles de las funciones tradicionales del poder público no desmantela de la noche a la mañana las redes de violencia, impunidad y corrupción. Si la medida se procesa sólo como un cálculo político electoral, la gobernabilidad seguirá erosionada. Para que exista una verdadera refundación, se requiere un plan integral de pacificación y auxilio humanitario, no sólo una resolución decretada desde la Ciudad de México.

El proceso electoral hacia 2027 coloca a Sinaloa bajo una incidencia política con escenario complejo:

• La ciudadanía acudirá o se alejará de las urnas bajo la sombra del desencanto.
• La sospecha sobre las autoridades actuales mancha la legitimidad de las instituciones electorales locales.
• En municipios debilitados institucionalmente, el proceso democrático corre el riesgo de ser todavía más lastimado si no se garantiza la neutralidad del aparato estatal y la seguridad de aspirantes y votantes.
• Los partidos políticos llegarán al proceso de 2027 obligados no a presentar discursos de confrontación, sino propuestas reales de reparación del daño institucional y pacificación con perspectiva humanitaria.

Declarar la desaparición de poderes traería una sobreexposición de violencia institucional y una parálisis administrativa que terminaría castigando, una vez más, a las víctimas y a las familias sinaloenses.

Por ello, la vía jurídica y política más viable y responsible nos obliga, de manera sensata a valorar la separación definitiva o renuncia del titular del Ejecutivo local para abrir paso al mecanismo legal de separación del cargo y la designación de una Gubernatura Sustituta por parte del Congreso del Estado. No hay lugar para seguir procesando licencias temporales con indefiniciones de todo tipo.

La estabilidad de Sinaloa se logrará despojando al poder de las sospechas de impunidad y devolviendo la centralidad a la dignidad comunitaria.

@jorge.dasaev

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