Cuando un comerciante decide establecerse, pagar renta, nómina, impuestos, seguridad y operar a la vista de todos, no solo abre una cortina: apuesta por el orden. Por eso es delicado que la autoridad concentre su fiscalización en quienes ya están localizados, mientras alrededor subsiste un ecosistema informal tolerado. La pregunta es legítima: ¿por qué se presiona al visible, mientras el desorden permanece intacto?
La emisión de cartas invitación al sector joyero encendió esa preocupación. Los oficios provienen de la Dirección General de Regulación, adscrita a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, y solicitan regularizar a los establecimientos como comercializadores de oro y plata, con fundamento en la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial estatal. También se concede un plazo de 15 días hábiles y se advierte la posibilidad de inspecciones, requerimientos y multas conforme al Código Financiero.
Una carta invitación debería ser un mecanismo preventivo, no la antesala de una sanción. Menos aún cuando la regularización puede implicar un costo anual cercano a los 30 mil pesos para negocios que ya pagan licencia, obligaciones fiscales, renta, nómina, servicios y seguridad privada. Ahí el debate entra al terreno de la proporcionalidad.
No se puede equiparar a pequeñas unidades económicas establecidas con comercializadoras especializadas que operan grandes volúmenes, mayor capacidad financiera y estructuras distintas. No es lo mismo un local familiar, con inventario acotado, que una empresa dedicada a la compraventa intensiva de metales preciosos a escala mayorista. Una regulación seria debe considerar volumen, riesgo y capacidad contributiva.
El oro y la plata se mueven en un entorno sensible por su valor, liquidez, trazabilidad y riesgo. Por ello, debe distinguirse entre el comerciante establecido, que cumple obligaciones y genera empleo, y las dinámicas informales donde el origen y la operación quedan en zonas grises.
Esas zonas grises no pertenecen solo al mercado de los metales. Forman parte de una economía paralela que rodea a muchos giros establecidos: vendedores sin registro, intermediarios sin trazabilidad, mercancía de origen incierto, competencia desleal y acuerdos que, en la percepción pública, sobreviven por corrupción, omisión o intereses poco claros. En el oro, en la plata y en otros comercios, esa informalidad erosiona la confianza y convierte la legalidad en una carga desigual.
Para quien opera dentro de un local, con domicilio fiscal, licencia y obligaciones acreditables, recibir nuevos requerimientos puede sentirse menos como una invitación administrativa y más como un acto de presión. El mensaje es contradictorio: adentro se exige cumplimiento documental; afuera se tolera el desorden operativo. Esa asimetría transforma una medida fiscal en un sentimiento de extorsión.
Los centros joyeros no son privilegios comerciales, sino respuestas privadas ante una realidad pública insuficiente. Los joyeros se congregan en espacios amplios porque ahí encuentran seguridad privada, vigilancia y control de accesos que la calle no ofrece, incluso en zonas céntricas.
Regular es necesario. Fiscalizar también. Pero una política sería no empieza por el eslabón más fácil de ubicar, sino por el mapa completo del problema. Ordenar el comercio exige trazabilidad, combate a la informalidad y criterios proporcionales. Cuando la ley se aplica de manera selectiva, deja de percibirse como orden y comienza a leerse como agravio.
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