La seguridad ciudadana en una democracia no puede depender de ciclos electorales, lealtades partidistas ni cálculos políticos de corto plazo que pueden dar pie a tratos delincuenciales (¡cof, cof!). Cuando eso ocurre, el Estado comienza a perder una de sus capacidades esenciales: garantizar justicia imparcial y seguridad ciudadana. Hoy, lamentablemente ya quedó demostrado que nuestro querido México enfrenta, desde hace mucho tiempo, esa amenaza.

Los últimos meses han estado marcados por acusaciones de probables vínculos entre actores políticos y organizaciones delincuenciales, tensiones diplomáticas en materia de seguridad y cuestionamientos públicos sobre la autonomía real de las instituciones encargadas de investigar y perseguir delitos. El caso del gobernador de Sinaloa y las recientes declaraciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre futuras acusaciones contra políticos mexicanos por probables nexos, con organizaciones delincuenciales han colocado nuevamente sobre la mesa un tema incómodo pero inevitable (y en algunos casos, innegable): la infiltración delincuencial en estructuras políticas e institucionales.

Este grave problema ya no es únicamente delincuencial, es profundamente democrático. Cuando las instituciones de seguridad y procuración de justicia se subordinan a intereses políticos, el combate a la delincuencia pierde continuidad, credibilidad y eficacia (y en México somos expertos para descubrir el hilo negro cada cambio de administración). Las prioridades cambian cada seis años, los mandos se reemplazan por afinidades políticas y no por capacidades técnicas, y las investigaciones pueden terminar condicionadas por conveniencias electorales o pactos de poder.

La seguridad ciudadana requiere exactamente lo contrario: estabilidad institucional, profesionalización permanente y autonomía operativa (que la neta, la neta, en la historia reciente de nuestro México nunca se ha tenido). Llevamos años hablando de depuración policial, profesionalización y fortalecimiento institucional. Sin embargo, en muchos casos, las instituciones siguen atrapadas en dinámicas de improvisación administrativa y dependencia política. El propio marco jurídico mexicano reconoce la importancia del Servicio Profesional de Carrera Policial como un sistema obligatorio y permanente basado en mérito, profesionalización, permanencia y evaluación (pero rara vez se aplica).

Desgraciadamente, la realidad suele ser distinta. Cada cambio de administración (no importa el orden de gobierno) implica frecuentemente la sustitución masiva de mandos, la interrupción de proyectos institucionales y, en ocasiones, la llegada de perfiles cuya principal credencial no es técnica sino política. Esto genera un mensaje devastador hacia las instituciones: la lealtad política pesa más que la capacidad profesional.

El resultado es predecible. Policías debilitadas, instituciones vulnerables a la corrupción y espacios fértiles para la infiltración delincuencial.

La delincuencia organizada entiende perfectamente esta fragilidad institucional. Diversos estudios académicos han advertido cómo las organizaciones delincuenciales buscan capturar gobiernos locales, influir en procesos electorales y construir redes de protección política para garantizar impunidad. En otras palabras: no buscan solamente controlar territorios; buscan influir en el poder público.

Por ello, separar la agenda política de la agenda de seguridad no es un lujo técnico. Es una necesidad de supervivencia democrática. Esto implica, primero, consolidar verdaderos servicios civiles de carrera policial y ministerial. Ascensos basados en mérito, evaluaciones permanentes (según el grado de mando), estabilidad laboral condicionada al desempeño y esquemas sólidos de control interno pueden reducir la dependencia política de las instituciones.

Segundo, implica fortalecer la autonomía real de las fiscalías. Y la palabra clave es "real", porque la autonomía constitucional no sirve de mucho si los nombramientos, presupuestos o decisiones estratégicas continúan sujetos a presiones políticas. Una fiscalía dependiente del poder político difícilmente investigará corrupción política con profundidad. Y una fiscalía incapaz de investigar redes políticas de protección delincuencial termina dejando intacto el verdadero corazón financiero y operativo de las organizaciones delictivas.

El desafío es enorme porque México enfrenta simultáneamente presión internacional, expansión de la delincuencia organizada y desgaste institucional. Las recientes tensiones con Estados Unidos sobre "narcopolítica" reflejan precisamente esa preocupación internacional sobre la penetración delincuencial (y negarlo sería infantil) en estructuras de gobierno.

Sin embargo, el problema no puede resolverse únicamente con operativos o despliegues de fuerza. La experiencia internacional demuestra que los países que lograron fortalecer su seguridad ciudadana construyeron instituciones técnicas relativamente blindadas frente a la coyuntura política.

Colombia, por ejemplo, profesionalizó unidades especializadas. Italia fortaleció fiscalías antimafia con autonomía operativa. España consolidó estructuras policiales permanentes altamente profesionalizadas. Ninguno de esos modelos es perfecto, pero todos entendieron algo fundamental: la seguridad del Estado no puede administrarse como propaganda política.

Ahora bien, México necesita llegar a esa conclusión antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía comienzan a contaminarse por intereses políticos o delincuenciales, el problema deja de ser únicamente de seguridad. Se convierte en una amenaza directa para la salud democrática del país.

Y las democracias no suelen colapsar de golpe. Se erosionan lentamente, institución por institución. Ahora, la reflexión es: ¿necesitamos más tiempo para darnos cuenta de que estamos en el hoyo? ¿necesitamos más tiempo para pasar de los dichos a los hechos? ¿Cuántas pérdidas humanas, sociales y económicas necesitamos para reconocer que estamos mal?

hidalgomontes@gmail.com

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