Hablar de clases sociales en México suele ser objetivo de percepciones subjetivas, sin embargo, desde la sociología y la economía se trata de una estratificación objetiva basada en el nivel de ingresos, la capacidad de consumo, el acceso a servicios y el patrimonio de los hogares. Lejos de ser etiquetas arbitrarias, estas categorías permiten medir las condiciones materiales de vida de una población y evaluar el alcance real del bienestar económico en el país.

Para medir esta realidad sin ambigüedades, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) clasifica a la población mexicana en tres grandes estratos socioeconómicos; bajo, medio y alto, a partir de los ingresos corrientes totales por hogar y los patrones de gasto en rubros clave como alimentación, vivienda, educación, salud y esparcimiento.

Esta metodología estadística establece umbrales claros que permiten dimensionar cuántos mexicanos pertenecen realmente a cada segmento y cuánto dista la autopercepción ciudadana de los datos duros.

De acuerdo con los registros más recientes del organismo, la pirámide socioeconómica nacional muestra una base sumamente amplia. La clase baja concentra a la mayoría de la población: alrededor de 78.5 millones de personas forman parte de este estrato, lo que equivale a poco más de 6 de cada 10 habitantes, con ingresos mensuales promedio por hogar que rondan los 11 mil pesos y que se destinan primordialmente a cubrir necesidades básicas de subsistencia.

En el escalón intermedio se ubica la clase media, integrada por aproximadamente 47.2 millones de mexicanos, quienes cuentan con ingresos promedio cercanos a los 23 mil pesos mensuales por hogar; este grupo logra cubrir sus requerimientos esenciales y mantiene cierto margen para la educación privada, el ahorro o el entretenimiento, aunque sigue expuesto a choques económicos.

Finalmente, en la cúspide se encuentra la clase alta, un segmento reducido de apenas 1.2 millones de personas, cuyos ingresos promedio superan los 77 mil pesos mensuales por hogar, otorgándoles plena holgura financiera y capacidad de acumulación patrimonial.

Estas cifras cobran verdadera relevancia cuando se analizan a la luz de la movilidad social, concepto que define la capacidad de una persona para mejorar su posición socioeconómica respecto a su hogar de origen. En México, la relación entre esta clasificación y la movilidad revela un desafío estructural: nacer en la base de la pirámide suele condicionar las oportunidades educativas y laborales futuras, dificultando el salto hacia los estratos medios.

Por ello, observar la distribución de las clases sociales no solo sirve como un retrato estadístico del presente, sino como un termómetro indispensable para medir qué tanto logra el país abrir puertas reales de progreso para sus ciudadanos.

Esta fotografía estadística demuestra que la movilidad social no depende únicamente del mérito o el esfuerzo individual, sino de la solidez del entorno institucional y económico. Cuando la clase media se mantiene acotada y la base concentrada en ingresos de subsistencia, el ascenso socioeconómico se vuelve lento y vulnerable ante cualquier crisis inflacionaria o laboral. Por ello, fortalecer la educación de calidad, la formalidad laboral y el acceso a servicios básicos resulta indispensable para que las fronteras entre estratos dejen de ser barreras rígidas y se conviertan en verdaderos peldaños de progreso para las próximas generaciones.

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